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(IAR-Noticias)
24-Nov-05
Agencias
 El
número de países de la Unión Europea que está investigando si aviones de la CIA
sobrevolaron sus territorios sin permiso está en aumento, y se estudiará
si ha habido una eventual violación de la Convención Europea de Derechos
Humanos, que fue suscrita por 45 Estados en el año 1949
El tema se
convirtió en un asunto central en muchas naciones de
la UE, en medio de informes que apuntan a que la inteligencia de Estados Unidos
pudo haber transportado a supuestos terroristas a través de sus países a
cárceles secretas en el este de Europa y otros lugares.
Terry Davis,Secretario General del Consejo de Europa, con sede en
Estrasburgo, comunicó ayer su decisión de comenzar una "investigación
formal", tras las "serias denuncias" sobre las actividades secretas que la
CIA podría haber llevado a cabo en territorio europeo.
"Mi objetivo es averiguar qué pasó,
si es que pasó algo, cómo pasó y quién estuvo implicado", señaló Davis.
La fuerza aérea austriaca investiga acusaciones de que un avión de la CIA con
presuntos terroristas presos sobrevoló su país en el 2003, mientras que
Dinamarca dijo que pedirá a las autoridades estadounidenses detalles sobre
cualquier vuelo de un avión de la CIA sobre su territorio.
Bulgaria, en tanto, ha negado estar involucrada con dicho vuelos y dijo que los
aviones de la CIA nunca aterrizaron en el aeropuerto nacional de Sarafovo, cerca
del mar Negro, tal y como denunciaron los medios.
En tanto, la presidencia del Consejo Europeo, el principal órgano de
derechos humanos de Europa, pidió a los países del continente suministrar
información completa sobre las denuncias de cárceles secretas de la CIA en sus
territorios.
El procedimiento a seguir por el
secretario Terry Davis en la investigación comenzará por pedir información
por escrito a los 45 Estados firmantes de la Convención Europea de Derechos
Humanos.
Davis dijo que dada la gravedad de las acusaciones, había enviado una carta a
los 45 gobiernos miembro del Consejo de Europa exigiéndoles información sobre el
respectivo trato que se le daba en sus constituciones a vínculos con agencias
extranjeras.
Este documento, firmado en 1949,
podría estar siendo violado en caso de que se confirmen las denuncias, y
corresponde al Consejo de Europa velar por su respeto, por ser el ente europeo
encargado de la defensa de los Derechos Humanos y la promoción de la democracia.
S
Según el artículo 52 de la
Convención, todos los gobiernos firmantes deben "suministrar explicaciones
pertinentes" sobre la aplicación efectiva de dicha Convención a petición del
Consejo de Europa.
Varios países de la UE, entre ellos
Dinamarca, Suecia, Noruega e Islandia, han comenzado sus investigaciones.
 En
el caso de España, el Ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos,
tendrá que comparecer ante el Congreso de los Diputados tras las denuncias por
el uso de aeropuertos de Tenerife y Palma de Mallorca por aviones de la CIA.
Esta investigación se suma a la ya
abierta por el Consejo de Europa que, con el el senador suizo Dick Marty a la
cabeza, pretende aclarar la cuestión de las presuntas cárceles secretas en
Europa del Este.
La investigación se ha centrado en
31 presuntos vuelos que han utilizado aeropuertos europeos, y las primeras
conclusiones serán presentadas el próximo viernes en Brucarest.
La denuncia sobre la existencia de estas cárceles surgió por primera vez en el
diario The Washington Post el 2 de noviembre, pero no dio a conocer los países.
Un día después, Human Rights Watch dijo tener evidencia de que la CIA había
transportado a supuestos terroristas capturados en Afganistán a Polonia y
Rumanía.
La creación de cárceles clandestinas,
secuestros de sospechosos, escalas de aviones con presos en aeropuertos
europeos, colaboraciones con agencias de inteligencia europeas y operaciones de
rendición, son algunas de las presuntas actividades que la Agencia Central de
Inteligencia estadounidense (CIA) podría haber llevado a cabo en secreto en
diferentes países europeos, incluida España, en los últimos años.
En su respuesta, que deberá ser enviada antes del 21 de febrero de 2006, los
Estados deberán dar cuenta del control de las actividades que sus funcionarios y
agencias extranjeras llevan a cabo en su territorio, para evitar la violación de
la Convención.
Además, deberán informar de las
medidas previstas en su Derecho interno para evitar las "privaciones de
libertad", y de las sanciones que serían planteadas por el Gobierno en caso
de violación de los Derechos Humanos.
Portugal, Chipre, Irlanda y Alemania son otros de los países
investigando los vuelos.
Las autoridades suecas confirmaron el aterrizaje de al
menos un avión con vínculos a la CIA que entró su espacio aéreo en el 2001;
Noruega ha confirmado tres y la prensa islandesa ha informado de 67 aterrizajes.
No se han podido confirmar informes de Macedonia y Malta.
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