|
(IAR-Noticias)
30-Dic-05
 El estallido social en los suburbios de Francia duró tres semanas y costó
al menos 200 millones de euros, con automóviles e instalaciones públicas
quemadas por jóvenes hijos de inmigrantes sin futuro en este país. Pero nadie
quiere pagar la rebelión.
Por María Laura Avignolo
- Clarín
Las aseguradoras de las
municipalidades y de los particulares amenazan llevar el caso al Consejo de
Estado para que lo decida. Pero el gobierno de Jacques Chirac ya ha informado
oficialmente que no se hará cargo de la cuenta.
Jean Francois Cope, ministro de Presupuesto y portavoz del gobierno, anunció que
"el Estado no intervendrá financieramente".
Las aseguradoras han informado a sus clientes privados que pagarán por los
destrozos. Luego intentarán que el Estado les reembolse las indemnizaciones
porque el gobierno decretó el estado de emergencia, aún vigente, al estallar la
violencia urbana en octubre pasado.
Las compañías deberán presentar hasta ahora sus casos ante los tribunales
administrativos para los incendios de los autos particulares y la destrucción de
edificios públicos.
En la rebelión, que se inició el 27 de octubre y culminó el 17 de noviembre, se
incendiaron 223 edificios en 300 diferentes comunas en los alrededores de París.
Los daños están estimados entre 80 y 150 millones de euros. Sólo la destrucción
de automóviles particulares representan al menos 23 millones de euros. Si las
aseguradoras no pagan, la mayoría de los damnificados no podrían reemplazar sus
vehículos porque son modelos viejos, de usuarios de zonas obreras y sin poder de
compra.
Una ley del 7 de mayo de 1983 es en la que se apoyan los aseguradores y el
Estado mutuamente para reclamar o negarse a pagar. La norma sostiene que "el
Estado es civilmente responsable de la destrucción resultantes de delitos y
crímenes cometidos por organizaciones contra personas o contra bienes".
El gobierno de Chirac la esgrime para decir que no va a pagar. Argumenta que el
estallido no fue organizado sino que fue obra de "pequeños grupos". Mientras que
las aseguradoras sostienen que hubo "premeditación". Se apoyan en los informes
policiales que llamaron a la rebelión "una forma de insurrección organizada".
Insisten que con el estado de urgencia, decretado por el gobierno el 8 de
noviembre, las autoridades admitieron "un atentado grave al orden público".
Las aseguradoras quieren que el Estado firme "un protocolo de acuerdo sobre las
modalidades de indemnización" a los damnificados para no obstruir con pedidos
los tribunales administrativos y encontrar un "modus operandi" para una
situación sin precedentes en Francia.
Cada proceso judicial tardaría entre tres y cinco años y sería enormemente
costoso.
Las compañías consideran que "es injusto" que las comunas asuman financieramente
estos riesgos de excepción, que nada tienen que ver con su gestión cotidiana. El
gobierno ofreció una reunión para fines de enero "para crear un fondo común
contra ciertos riesgos específicos ligados a la violencia urbana".
El precio del conflicto es un incremento en la prima del cinco por ciento en los
seguros de todas las comunas, con un argumento muy polémico: "las violencias
urbanas son un nuevo riesgo, como las catástrofes naturales o los atentados". Un
aumento que los alcaldes se resisten a pagar y anuncian, esta vez, otra
revuelta. La de ellos.
|
EN VIVO
TELEVISION
