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(IAR-Noticias)
28-Dic-05
El gobierno de George W. Bush presiona a las autoridades
de Iraq pertenecientes a la mayoría chiita para que dejen la
seguridad interna en manos del ejército de ocupación de
Estados Unidos.
Por Gareth Porter (*) - IPS
Washington está preocupado pues, debido al poder político que
conquistaron en las tres elecciones realizadas este año, los
partidos chiitas, con fuertes vínculos con Irán, controlan el
gobierno y diversos ministerios, como el del Interior.
El dominio chiita sobre este ministerio determinó un respaldo
oficial a la violencia contra la minoría sunita. Buena parte
de la insurgencia contra la ocupación se origina en esa
comunidad, que dominó el gobierno iraquí hasta la caída del
presidente Saddam Hussein en 2003.
Las autoridades chiitas, empero, están decididas a mantener el
control del aparato represivo del Estado, como garantía contra
todo posible intento de restauración del gobierno laico del
partido Baath, al que pertenecía Saddam Hussein.
El giro en la política de Estados Unidos comenzó a mediados de
noviembre, cuando el gobierno cuestionó públicamente al primer
ministro iraquí Ibrahim al-Jaafari al conocerse la existencia
de centros de tortura clandestinos en varios puntos de Bagdad,
dirigidos por funcionarios chiitas del Ministerio del
Interior.
Pero tanto el comando del ejército de Estados Unidos como la
embajada de ese país en Iraq tenían conocimiento de estos
centros de tortura desde hacía varios meses, según indican
informes gubernamentales.
El mayor retirado y médico del ejército estadounidense John
Stukey dijo al diario Christian Science Monitor que antes de
abandonar Bagdad en junio, él y la policía militar habían
visitado estos establecimientos de detención.
Stukey y su equipo elevaron un informe según el cual habían
encontrado evidencias de tortura y maltrato a prisioneros.
Estaban involucrados funcionarios de toda la cadena de mando.
Pese a la existencia de este informe, Washington guardó
absoluto silencio al respecto.
El ejército de Estados Unidos, sin embargo, llevó a cabo una
redada en un centro de detención del Ministerio del Interior
en el suburbio de Jadriya el 13 de noviembre.
El comando del ejército y la Embajada estadounidense en Iraq
redactaran una inusual declaración conjunta en la que
afirmaban que la existencia de ese centro de tortura era
"totalmente inaceptable".
La Embajada luego utilizó la evidencia de tortura en estos
centros para exigir públicamente a los partidos chiitas que se
retiraran de los principales órganos de seguridad del Estado.
El 17 de noviembre, la Embajada de Estados Unidos declaró:
"Las fuerzas de seguridad de Iraq no deben ser controladas ni
dirigidas por milicianos ni grupos sectarios. Tampoco otros
ministerios y dependencias del Estado".
Los gobernantes chiitas creen que Washington pretende reducir
el poder de la mayoría parlamentaria controlada por la Alianza
Iraquí Unida (AIU) y elevar el del ex primer ministro interino
Ayad Allawi, un chiita laico y ex miembro del Partido Baath
que colaboró durante mucho tiempo con la Agencia Central de
Inteligencia (CIA) estadounidense.
Ya en agosto, el primer ministro Jaafari y otros dirigentes
informaron a miembros del principal partido chiita, el Consejo
Supremo para la Revolución Islámica en Iraq (CSRI), que
Estados Unidos se disponía a paralizar el gobierno para volver
a instalar a Allawi en el poder tras las elecciones de
diciembre.
Cuando Allawi ocupó el cargo de primer ministro interino entre
2004 y 2005, se enfrentó con los líderes chiitas más
combativos, que pugnaban por una "desbaathificación" total de
la política y que secretamente recurrían a Irán para financiar
el CSRI y entrenar las fuerzas paramilitares Badr.
Antes de las elecciones de enero, Hazim al-Shaalan, ministro
de Defensa durante la administración de Allawi, se refirió
públicamente a la Alianza Iraquí Unida como "la lista de
Irán".
El gobierno de Estados Unidos compartía la opinión de Allawi
acerca de la intervención encubierta de Irán en la política de
Iraq, pero prefirió no hacer comentarios públicos al respecto
para ahorrarle el escándalo al flamante gobierno.
En una obvia referencia al vínculo entre el régimen islámico
iraní y políticos chiitas iraquíes, la secretaria de Estado
(canciller) estadounidense Condoleezza Rice deploró en mayo
"la indebida influencia en el país" de Teherán "a través de
vías que no son transparentes".
Unos días antes de las elecciones parlamentarias de diciembre,
--la tercera convocatoria a las urnas de este año-- un alto
funcionario de EEUU formuló el asunto por primera vez de una
manera abierta y explícita.
El general George W. Casey se quejó, entrevistado por la
cadena estadounidense de periódicos Knight-Ridder, que los
iraníes ponían "millones de dólares en el sur de Iraq para
influir en las elecciones".
Ese dinero, según Casey, se canalizaba a través de
organizaciones caritativas, pero también hacia las milicias
Badr y partidos políticos.
El militar también aseguró que gran cantidad de miembros de
Badr ingresaron en el ejército iraquí y la policía. "Son la
gente de ellos", dijo.
En el mismo momento en que se desarrollaba la campaña hacia
las elecciones parlamentarias del 15 de diciembre, Zalmay
Khalilzad, ex asesor de Bush y actual embajador en Iraq,
indicó claramente que Washington pretendía un mejor reparto
del poder en el gobierno.
"Como ningún partido obtendrá la mayoría, será preciso
construir un gobierno de coalición con una amplia base", se
arriesgó a pronosticar Khalilzad.
Al parecer, la Embajada esperaba que la gobernante Alianza
Iraquí Unida, liderada por el clérigo Abdul-Aziz al-Hakim,
obtuviera muchos menos escaños y Allawi bastante más de los
que obtuvieron.
Esa situación habría forzado a los partidos chiitas a negociar
la formación de una coalición de gobierno que incluyera a
Allawi y a representantes de partidos sunitas.
Pero el resultado electoral dejó a Allawi fuera de las
negociaciones.
El 19 de diciembre, cuatro días después de las elecciones,
Khalilzad volvió a insistir acerca de la determinación de
Estados Unidos de forzar al liderazgo del CSRI a desistir de
controlar los órganos de seguridad del gobierno.
"No se puede tener a alguien sectario como ministro del
interior", dijo.
La última carta que le resta jugar a Khalilzad es la de la
minoría kurda del norte.
La AIU necesitaría el apoyo de los kurdos para formar un nuevo
gobierno, y los kurdos, cuya alianza militar con Estados
Unidos es una cuestión estratégica de vital importancia,
exigirán la inclusión de sunitas en el gobierno.
"Sin los partidos sunitas no habrá un gobierno consensuado, y
sin consenso no habrá unidad, y sin unidad no habrá paz", dijo
el domingo, en una reunión con Khalilzad, el presidente del
gobierno de transición y dirigente kurdo Jalal Talabani.
Los negociadores kurdos seguramente también insistirán en que
los chiitas entreguen el control del Ministerio del Interior.
La última vez que la AIU intentó formar un gobierno, luego de
las elecciones parlamentarias de enero, las condiciones
impuestas por los kurdos prolongaron tres meses las
negociaciones.
La estrategia de negociación de los kurdos se complementó
perfectamente con el esfuerzo de Estados Unidos de presionar a
las autoridades chiitas para que permitieran a ex miembros del
Partido Baath ocupar cargos importantes en el ejército y el
Ministerio del Interior.
Cuando los líderes del CSRI se rehusaron, el gobierno de Bush
cedió para evitar una crisis política. Esta vez, sin embargo,
lo que está en juego es mucho más.
Si la violencia religiosa empeora, la Casa Blanca se arriesga
al colapso de su apoyo político al gobierno de Iraq, pues ya
anunció que no aceptará la continuación del statu quo.
Para las autoridades chiitas, la presión de Estados Unidos
para que compartan el poder con laicos o sunitas
--especialmente en materia de seguridad interna-- resulta
urticante.
Si Abdul Aziz al-Hakim y otros dirigentes del CSRI se ven
obligados a escoger entre la protección del ejército de
Estados Unidos y su permanencia al frente del gobierno, se
inclinarán por aferrarse al poder.
Podrían contrarrestar la presión estadounidense advirtiendo
que si Washington persiste en su esfuerzo por interferir en
cuestiones políticas delicadas exigirán un cronograma para la
retirada de las tropas de ocupación.
No sería una amenaza totalmente infundada. En octubre, el
ayatolá Alí al-Sistani consideró formular un reclamo en ese
sentido, dijeron algunos de sus cercanos colaboradores.
La consecuencia lógica de exigir una retirada rápida de
Estados Unidos sería, para los líderes chiitas, recurrir
abiertamente a Irán en busca de ayuda financiera y hasta
militar, en concordancia con la orientación fundamental de su
política exterior.
La estrategia del gobierno de Bush de presionar al gobierno
chiita puede terminar escapándosele de las manos y resultar en
otro desastre político en Iraq y en todo Medio Oriente.
(*) Gareth Porter es historiador y experto en políticas de
seguridad nacional de Estados Unidos. "Peligro de dominio:
Desequilibrio de poder y el camino hacia la guerra en
Vietnam", su último libro, fue publicado en junio.
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