Sobre el tablero sudamericano actual se registran dos hechos sincrónicos, y no por casualidad. Ellos son la provocación del gobierno de Colombia contra Venezuela -el secuestro en Caracas del dirigente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Granda, por parte de parapoliciales colombianos y militares venezolanos pagados por el presidente Alvaro Uribe-, y el levantamiento en pie de guerra de los sectores más conservadores de Santa Cruz de la Sierra contra el gobierno central de Bolivia, para llevar adelante una vieja aspiración secesionista, auspiciada por las grandes petroleras (Repsol YPF entre ellas).

Así lo prevé un informe elaborado por el Consejo de Inteligencia de Estados Unidos, parte del cual fue divulgado en Washington el pasado 15 de enero. Ese documento requirió más de un año y medio de trabajos conducidos por Condoleezza Rice, cuando ésta aún se desempeñaba como principal asesora de Bush en materia de seguridad.

El documento, titulado "Mapa del futuro global", puso el acento en las necesidades estratégicas estadounidenses de luchar contra el "terrorismo internacional" y "confirma que tenemos la estrategia correcta para ganar esa guerra", dijo durante su presentación oficial el portavoz de la Casa Blanca, Scott McClellan.

El Consejo Nacional de Inteligencia depende directamente del director de la CIA. El texto del informe abunda en párrafos sobre el denominado "terrorismo islámico", sostiene que tanto Afganistán como Irak se han convertido en los principales "centros de adiestramiento terrorista" y vaticina que para el año 2020, la organización Al-Qaeda, que dirige el esfumado Osama ben Laden y es "la principal enemiga de la seguridad de Estados Unidos", será reemplazada "por grupos extremistas de inspiración islámica pero muchos más difusos".

Lo curioso de esa afirmaciones, de por sí poco originales, es el reconocimiento de que los principales campos de entrenamiento "terroristas" funcionan en dos territorios ocupados por las fuerzas militares de Estados Unidos (Afganistán e Irak).

A esta altura de los acontecimientos quedan pocas dudas acerca de la pertenencia de Al-Qaeda y Osama ben Laden a la red clandestina de organizaciones terroristas que operan bajo el manto de la CIA y en muchos casos al mando de las camarillas más belicistas del Pentágono.

En ese sentido, hizo falta que una película de la BBC de Londres ("The Power of Nightmares: The Rise of the Politics of Fear") difundiera esas relaciones entre Estados Unidos y ben Laden para que la especie recorriese las redacciones de los grandes medios internacionales, según lo reveló la semana pasada la cadena árabe Aljazeera.

Sin embargo, y aunque no suene políticamente correcto recordarlo en esta columna, la primera denuncia la respecto surgió de una investigación publicada por quien esto escribe pocas semanas después del 11-S, en el libro "Bush & Ben Laden S.A" (Editorial Norma, Buenos Aires, 2001).

Esa investigación se basó, fundamentalmente, en el comportamiento de los movimientos financieros globales, previos al 11 de septiembre de 2001, en la identificación de los grupos que allí operaron, en las vinculaciones de éstos con las principales figuras de la Administración Bush y en análisis de las antiguas relaciones políticas de esa familia (los Bush) con la de ben Laden y con los jerarcas políticos y económicos de Arabia Saudita.

Tiempo después, los informes de la CIA y del FBI, las indagaciones del Congreso de Estados Unidos y las de varios autores independientes, entre ellas la del estacado intelectual estadounidense Gore Vidal (en su libro "Dreaming Wars), confirmaron los dichos de una investigación realizada desde América Latina, por supuesto sin los recursos financieros y los apoyos institucionales con que cuentan los investigadores del mundo desarrollado y los funcionales al bloque de poder respectivamente.

Respecto del tema puntual de este artículo cabe destacar que el documento "Mapa del futuro global" fue, en principio, difundido en una versión semicompleta por las páginas electrónicas de la CIA y del Consejo Nacional de Inteligencia. Allí constaba el capítulo "América Latina", en el que aparecen delineadas las políticas de sabotaje contra Bolivia y Venezuela. Sin embargo, cuarenta y ocho horas después, una "mano cautelosa" se encargo de reducir esa versión divulgada por Internet, borrando no sólo lo referido a nuestra región sino todos los párrafos que no contuviesen generalidades como las antes citadas.

Las palabras de Bush al asumir su segundo mandato -y las de Rice un día antes- al definir su estrategia internacional para "imponer la libertad y luchar contra las tiranía en todo el mundo, sin descartar acciones militares", y la ampliación del denominado "eje del mal", que ahora según la secretaria de Estado también estaría integrado por Cuba, vuelve a poner a nuestra región en la mira central de la política belicista de Washington.

En ese marco hay que entender las recientes "advertencias" de la Casa Blanca contra Venezuela y Bolivia.

Richard Boucher, portavoz del departamento de Estado acaba de decir en forma textual: "hemos pedido a nuestros socios en el continente que insten a Venezuela a adoptar una posición más conciliadora y constructiva (con el gobierno de Bogotá en torno a la crisis por el caso Granda), y a poner fin a cualquier relación que pueda tener con las FARC y otras organizaciones terroristas colombianas"

Los dichos de Boucher contiene una definición y una no menos clara amenaza: de no cumplir con el pedido de Estados Unidos, objetivo para el cual Washington pide la ayuda de los países latinoamericanos, la revolución bolivariana encabezada por el presidente Chávez estaría a un paso de formar parte del "eje del mal" y de convertirse en una de las naciones en las cuales hay que "recuperar la libertad, incluso a través de acciones militares".

Similar amenaza se lanzó contra Bolivia, en forma especial contra el diputado y dirigente campesino Evo Morales, según las encuestas el mejor ubicado para las próximas elecciones presidenciales.

El partido de Morales, el Movimiento al Socialismo (MAS) y un conjunto de movimientos sociales de Bolivia denunciaron que el líder cocalero nuevamente es víctima de una campaña “antiterrorista” a nivel nacional e internacional.

El 20 de enero último, el alto funcionario del Comando de las Fuerzas Armadas para el Cono Sur de Estados Unidos, Jimmy Hill, acusó a Morales de recibir ayuda financiera de Venezuela.

En tanto, el periódico colombiano “Semana” aseguró que Rodrigo Granda tenía el teléfono de Evo Morales en una agenda que le fue decomisada tras su secuestro en Venezuela.

La denuncia formulada por un sector del movimiento popular boliviano sostiene que "esas acusaciones son parte de una guerra de baja intensidad manipulada desde Estados Unidos e impuesta a sus lacayos de los diferentes gobiernos de Bolivia.

En diciembre de 2001, el embajador de Estados Unidos en La Paz, Manuel Rocha, comparó a Evo Morales con ben Laden y dijo que los cocaleros son “los talibanes andinos”.

El primero de marzo de 2003, fuentes del gobierno del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada aseguraron que Morales recibía financiamiento de las FARC.

El 8 de mayo de 2003, Philipphe Chicola, subsecretario de estado para Asuntos Internacionales de Estados Unidos acusó al jefe del MAS de ser parte de una “mafia cocalera”.

El 5 de octubre de 2003, el ex ministro Carlos Sánchez Berzaín dijo que el MAS recibió recursos económicos del gobierno de Venezuela para financiar los conflictos sociales en la denominada “guerra del gas”.

El 6 de enero de 2004, fuentes de la administración estadounidense sostuvieron que Morales recibió dinero del presidente venezolano Hugo Chávez para expulsar del gobierno a Sánchez de Lozada.

Como bien lo analiza el libro "Recolonización o Independencia: América Latina en el siglo XXI" (de Stella Calloni y Víctor Ego Ducrot, Editorial Norma, Buenos Aires, 2004), las operaciones tendientes al control militar del área, al aislamiento y destrucción del proceso bolivariano en Venezuela y la descomposición del mapa político sudamericano, figuran entre los objetivos estratégicos de Estados Unidos, para los cuales cuenta, como herramientas principales, con el proyecto de Acuerdo de Libre Comercio para las Américas (ALCA) y el programa militar denominado Plan Colombia, previsto con extensión territorial hacia todos los países del área.

Con la excusa de combatir al narcotráfico -actividad económica cuyo mercado principal radica en Estados Unidos y cuyos recursos monetarios (unos 500.000 millones de dólares anuales, según Naciones Unidas- ONU) circulan por bancos y fondos de inversión de matriz estadounidense, Estados Unidos aplica en Colombia el mayor programa de asistencia militar después del brindado al Estado de Israel.

Esa excusa oficial es una burda mentira, demostrable tanto desde el punto de vista de la aritmética financiera como desde los postulados políticos y militares.

Buena parte de esos 500.000 millones de dólares contabilizados por la ONU concurren a cubrir el gigantesco déficit fiscal estadounidense (unos 427.000 millones previstos para este año) y a sostener los gastos (que en realidad son inversiones) de la ocupación de Irak (100.000 millones iniciales más 25.000 millones aprobados por el Congreso durante el último trimestre de 2004, más 80.000 millones de fondos extraordinarios solicitados esta semana por la Administración).

Desde el punto de vista político y militar, los documentos oficiales del gobierno estadounidense analizados por Calloni y Ducrot en el libro antes citado indican que la implantación del Plan Colombia obedece a las necesidades estratégicas reconocidas por Washington, ya durante la gestión de Bill Clinton, de asegurarse el control de las principales reservas de recursos para la economía real (energía y sistemas de distribución, agua potable, y biodiversidad, entre otros).

Por otro lado, el diseño de ocupación militar y distribución de bases, dotadas con equipos de rápido desplazamiento -el requerido por la prevista Guerra de Baja Intensidad o GBI, previsto por Plan Colombia, proveen a Estados Unidos no sólo de los dispositivos adecuados para la ocupación territorial sino para la manipulación, represión y eventual exterminio de las experiencias políticas regionales de confrontación con su modelo recolonizador.

Ese diseño fue resulta util tanto para truncar el trazado de la revolución bolivariana en Venezuela, de amplia base social y dispuesta a reconducir la renta petrolera con criterios redistributivos de la riqueza, como para darle respuesta política y militar al conjunto de organizaciones sociales y populares surgidas durante los años de plomo de la era neoliberal fundamentalista del Consenso de Washington, como es el caso los movimientos campesinos bolivianos.

Los lineamientos militares del Plan Colombia se combinan con el programa económico estratégico de Estados Unidos para la región: el proyecto ALCA, que prevé un acuerdo de libre comercio a la medida de las grandes corporaciones que concurren a la explotación de los recursos garantizados en términos castrenses. Recordemos que en Sudamérica se ubican las más grandes reservas de agua potable y biodiversidad del planeta (Acuífero Guaraní y Selva Amazónica, respectivamente) y gigantescos yacimientos minerales y energéticos, como el gas boliviano y el petróleo venezolano.

En ese contexto, el trazado del programa ALCA prevé una acción sostenida del gobierno de Estados Unidos y de sus aliados políticos y económicos en la región tendientes al rediseño de su actual mapa administrativo, en una especie de vuelta de tuerca a la histórica maniobra diplomática y militar de "balcanización" heredada por Estados Unidos de la tradición colonial británica.

En Argentina, por ejemplo, hace cuatro años, los gobiernos provinciales de la Patagonia, entre ellos el de Santa Cruz, por entonces encabezado por el actual presidente Néstor Kirchner, realizaron sondeos y encuestas para determinar el grado de aceptación que tendría entre la población una iniciativa autonómica frente al gobierno federal. Según informaron en su momento los principales medios locales, ese proyecto de sondeo fue auspiciado y financiado por el holding petrolero encabezado por Repsol YPF, empresa que tiene a su cargo las mayores explotaciones de crudo y gas de Argentina y de Bolivia.

En esa misma estrategia se encuadra el proyecto "canje de deuda externa por territorio" auspiciado por el Banco Mundial y que permanece en los papeles reservados del actual gobierno argentino. El mismo podría ser aplicado respecto de la deuda externa institucional que equivale a una suma similar a los 82.000 millones de dólares actualmente en "default" y en vías de canje con los tenedores particulares de bonos.

La fórmula "deuda por territorio" también es contemplada como posible fórmula de arreglo con las corporaciones extranjeras que tienen a su cargo la explotación de los servicios públicos privatizados, como es el caso de Aguas Argentinas, en manos de la francesa Suez, y de las compañías proveedoras de energía eléctrica, en manos de firmas españolas y a favor de las cuales acaban de hacer presiones los respectivos gobiernos de Jacques Chirac y José Luís Rodríguez Zapatero.

Ese es el marco general en el que deben entenderse las maniobras separatistas de los sectores más conservadores de Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, los que cabalgan en ancas del creciente descontento popular que impera en el país del Altiplano.

En un artículo de 23 de enero último, el diario mexicano La Jornada se pregunta qué intereses acechan y cuán legítimas son las pretensiones "autonomistas" de los departamentos (Estados) bolivianos de Santa Cruz y Tarija, para develar después "algunas claves de la crisis y la manipulación del concepto autonomía, que en la jerga del proyecto ALCA se presenta como sinónimo de civismo y democracia".

Como bien destacaron varios medios antihegemónicos en los últimos días, entre ellos Visiones Alternativas y Bolpress, América Latina se encuentra ante versiones contemporáneas de antiguos diseños imperiales, escenario que el libro ya citado de Calloni y Ego Ducrot definen como proceso de "recolonización".

En ese sentido, los medios mencionados se preguntan qué fuerzas criollas fomentaron el separatismo de Texas en 1835, cuáles acabaron con las Provincias Unidas de América Central en1838, quiénes se declararon "súbditos" de la reina Victoria de Inglaterra en Yucatán en 1849, quiénes solicitaron el protectorado de Francia en Ecuador en 1859, quiénes impulsaron la "independencia" de Panamá en 1903. Son los mismos que, más de un siglo después, auspician la autonomía de la provincia ecuatoriana de Manabí, donde opera una base militar estadounidense, y del Estado de Zula, en Venezuela.

Ahora le llegó el turno a Santa Cruz, dice un lúcido análisis publicado esta semana en Visiones Alternativas: "con cerca de 2 millones de habitantes, limítrofe con Brasil y Paraguay y poco más extensa que Alemania (82 millones de habitantes), la economía de Bolivia depende de la ubérrima y próspera Santa Cruz: recursos agrícola-ganaderos, industria forestal avanzada, oro, gas y petróleo, a más de guardar en sus entrañas uno de los yacimientos de hierro más importantes del mundo: el Mutún".

Santa Cruz es un bocado suculento para los intereses económicos de Estados Unidos liderados por el Instituto de las Américas, en cuyo directorio figura el ex presidente boliviano Gonzalo Sánchez de Losada, junto a representantes de Enron, British Petroleum, Shell y Maratón Oil. Sánchez de Losada también integra el American Council (que preside David Rockefeller), junto con delegados del Chase Manhatan Bank, el City Group y grupos económicos chilenos.