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(IAR-Noticias)
16-May-05
 Por Emad Mekay - IPS
El proceso hacia la ratificación del tratado de libre comercio entre Estados
Unidos y seis países de América Central y el Caribe, el más controvertido del
gobierno de George W. Bush, ingresó esta semana en su fase decisiva.
Legisladores opositores estadounidenses, así como activistas y empresarios de
este país y de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y
República Dominicana, se lanzaron sobre Washington para manifestar sus críticas
al tratado.
Eso sucedió después de que los seis presidentes visitaron 10 ciudades
estadounidenses en procura de apoyo para el acuerdo. El miércoles, se reunieron
con legisladores de este país en el Capitolio, y el jueves, con Bush en la Casa
Blanca.
El presidente estadounidense aún debe enviar al Congreso legislativo el tratado,
firmado hace un año con los países centroamericanos y luego ampliado a República
Dominicana. La ratificación del convenio se aguarda para fines de la primavera
boreal.
Bush prometió a sus pares que intensificaría la campaña en ese sentido.
"Les aseguré que me uniré a los esfuerzos por la aprobación de esta ley, que es
buena para los países estadounidenses y para Estados Unidos", dijo Bush a la
prensa luego de la reunión del jueves.
El acuerdo promoverá el crecimiento económico, elevará los ingresos y promoverá
la libertad en una región de interés estratégico para Estados Unidos, aseguró el
mandatario.
"El tratado atraerá inversiones a las nuevas democracias centroamericanas. Eso
significa buenos empleos y estándares laborales más elevados para sus
trabajadores", agregó.
"Al aprobar el tratado, abriremos un mercado de 44 millones de consumidores que
ya importan más bienes y servicios nuestros que de Australia o Brasil", sostuvo.
Pero pocos legisladores del opositor Partido Demócrata en la Cámara de
Representantes han manifestado su apoyo al pacto, mientras crece la oposición en
el Senado por el impacto posible de su aplicación en los sectores azucarero y
textil de Estados Unidos.
Los demócratas cuestionan al gobierno por no haber impuesto en la negociación
mejores estándares laborales y ambientales a los gobiernos centroamericanos.
"El tratado le dice a esos países con leyes y prácticas inadecuadas que apliquen
sus propias leyes" en materia laboral y ambiental, sostuvo el demócrata Sander
Levin, portavoz demócrata del subcomité de comercio de la cámara baja.
Pero el gobierno replicó que las previsiones en esas materias siguen las pautas
dictadas en 2002 por el propio Congreso, y son tan estrictas como las
introducidas en los acuerdos de libre comercio con Marruecos y Jordania, que
muchos demócratas respaldaron.
Los demócratas también manifestaron su preocupación porque el convenio hace poco
para aliviar, y podría agravar, el déficit comercial estadounidense, que
asciende a 617.000 millones de dólares y al abrir el mercado al azúcar y los
textiles.
Incluso algunos legisladores del gobernante Partido Republicano consideraron que
el tratado podría ser perjudicial para los productores locales por abrir el
mercado a textiles, azúcar y cítricos.
Las críticas de organizaciones de la sociedad civil fueron aun más feroces.
Los países centroamericanos y República Dominicana ya son grandes importadores
de productos tecnológicos, agrícolas y de materiales para la construcción, papel
y derivados, químicos y equipamiento médico y científico desde Estados Unidos.
Si entra en vigor, el acuerdo abolirá de inmediato los aranceles de 80 por
ciento de las exportaciones manufacturadas estadounidenses al área, y los del
restante 20 por ciento se eliminaría en un plazo de 10 años.
Productores centroamericanos temen que las importaciones desde Estados Unidos
inunden sus mercados, en especial las agrícolas, que gozan de un elevado
subsidio desde Washington.
El tratado "constituye una serie amenaza para los agricultores de mi país, que
no podrán competir con los muy subsidiados productores estadounidenses", dijo en
Washington Victorio Valerio, presidente de la federación dominicana de
cultivadores de arroz, que reúne a 30.000 personas.
Este tratado fue elaborado a imagen y semejanza del Tratado de Libre Comercio de
América del Norte, que desde 1994 liberalizó el intercambio de productos y de
servicios entre Canadá, Estados Unidos y México.
En 10 años, este acuerdo no logró mejorar la vida de millones de pobres y ha
costado el empleo a miles de trabajadores canadienses y estadounidenses, indican
sus críticos.
Organizaciones de la sociedad civil advierten que el convenio también elevará el
precio de las medicinas en los países centroamericanos y República Dominicana,
que se verán obligados a adoptar nuevas normas en materia de patentes.
Algunos empresarios estadounidenses figuran entre los principales respaldos del
tratado. Entre otros, lo aplauden la Coalición de Empresas para el Comercio
Estadounidense-Centroamericano, que incluye a firmas com Levi Strauss & Co,
Motorola y Wal-Mart.
Este convenio es considerado un paso adelante hacia la constitución del Área de
Libre Comercio de las Américas (ALCA), que negocian 34 países, todos los del
continente excepto Cuba.
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