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(IAR-Noticias)
26-May-05
Agencias
 Bolivia
ingresaba este miércoles en un momento de cruciales definiciones tras el
pronunciamiento de un sector militar de rango intermedio pidiendo la
renuncia del presidente Carlos Mesa, mientras recrudecían las
manifestaciones callejeras que reclaman la nacionalización de los
hidrocarburos.
La crisis política desatada por protestas sociales y
movimientos autonomistas regionales tomó un nuevo cariz cuando se conoció la
proclama militar solicitando la renuncia del presidente Carlos Mesa.
El llamado a la formación de
un gobierno civil-militar se realizó en medio de
un clima de convulsión social y fue causado desde dos sectores sociales y
sindicales opuestos que han coincidido únicamente en su repudio al gobierno del
presidente Mesa.
No obstante, el mando superior de las Fuerzas Armadas se manifestó este
miércoles a favor de "la defensa del Estado de Derecho y la democracia".
El respaldo al Gobierno fue expresado
en una conferencia de prensa ofrecida en el Estado Mayor de las Fuerzas
Armadas, después de haberse conocido el pronunciamiento de los tenientes
coroneles Julio César Galindo y Julio Herrera, quienes, además de pedir que Mesa
dejara la Presidencia, propusieron un gobierno civil-militar.
En un comunicado, el comandante en
jefe de las FFAA, Luis Aranda, y otros miembros de la cúpula militar calificaron
de "desaprensivas y sediciosas" las declaraciones de los oficiales
rebeldes, que -dijeron- "pretenden enlodar y desprestigiar a la institución con
afanes golpistas".
Esto "no representa el sentir de los
componentes de las FFAA, que se mantienen firmes en defensa del Estado de
Derecho, la democracia y la institucionalidad del país", agrega el comunicado.
En una jornada cargada de tensión las
fuerzas policiales debieron utilizar gases lacrimógenos para dispersar a
los manifestantes enardecidos que intentaban tomar los edificios de gobierno
y el Parlamento.
Varios miles de militantes marcharon
por las calles céntricas de La Paz paralizando el tránsito vehicular, mientras
que las escuelas y los centros comerciales permanecieron cerrados.
También fueron bloqueadas las
carreteras que conectan La Paz con el resto del país.
Campesinos, mineros, estudiantes
universitarios y diversas organizaciones sindicales exigen la nacionalización de
los recursos energéticos, la aplicación de mayores impuestos a las compañías
extranjeras y la convocatoria a una asamblea constituyente.
A su
vez, el ministro de Gobierno Saúl Lara declaró que el despliegue de policías
militares en la plaza Murillo obedece a la necesidad de reforzar la seguridad en
el lugar ante permanentes intentos de miles de campesinos, mineros, maestros,
universitarios y manifestante de otros sectores de tomar el lugar. “Es una
medida preventiva de seguridad... de apoyo a la policía” , dijo.
En lo
que resultó ser la situación más tensa del día los
jefes del ejército, la fuerza naval y la fuerza aérea, junto al ministro
de Defensa, desautorizaron a los dos oficiales que pidieron la renuncia
de Mesa mediante una aparición en un estudio de de televisión.
 Dos militares con una graduación de teniente coronel dijeron encabezar un
movimiento en el que "están comprometidos los tenientes coroneles de las tres
fuerzas".
"Queremos la renuncia del presidente de la república, puesto que en Bolivia
ocurre una cosa muy singular: en el palacio no tenemos presidente y Bolivia no
tiene gobierno", dijo el teniente coronel Julio Herrera en el canal
televisivo.
Los tenientes coroneles Galindo y
Herrera aseguraron pertenecer a un movimiento creado en el seno de las
Fuerzas Armadas hace un año y formado por oficiales de graduación intermedia.
"Esto no es un golpe militar, es una
proclamación que el pueblo está pidiendo a gritos, a voz en cuello, de que los
oficiales jóvenes nos hagamos cargo del gobierno de este país", dijo Herrera a
una emisora de radio después de dar a conocer el comunicado.
Los oficiales se identificaron con
las exigencias de los participantes en las manifestaciones que desde el
lunes se registran en las calles de La Paz en demanda de la nacionalización del
gas natural y el petróleo y de la convocatoria de una Asamblea Constituyente.
El teniente coronel Herrera explicó
que su objetivo es constituir un nuevo gobierno "con la participación de todos
los sectores", no estrictamente militar, y "ocupado por gente selecta,
patriótica que vele por los intereses" de Bolivia.
"Queremos la renuncia del presidente de la República", reiteró.
La reacción no se hizo esperar, y en medio de las marchas callejeras en La
Paz, casi todos los dirigentes sindicales, campesinos y políticos coincidieron
en un rechazo enérgico a cualquier intento de interrumpir la
democracia en Bolivia.
El
líder indígena Evo Morales, manifestó su rechazo a cualquier intento de golpe
de Estado militar, y ratificó su intención de llamar a movilizaciones
sociales para que se convoque a la Asamblea Constituyente y en oposición a las
autonomías de facto que anunciaron los poderosos líderes empresariales del este
del país.
La proclama militar golpista de este miércoles anunció que su supuesto "futuro
gobierno" convocará a la Asamblea Constituyente y nacionalizará los
hidrocarburos y otros recursos naturales estratégicos.
"Aquí todos los ciudadanos hacen los que les viene en gana. Y más aun las
transnacionales, que aprovechando el soborno que dan a los políticos, quieren
desmembrar, quieren dividir nuestra patria y nosotros no estamos de acuerdo con
eso. Nosotros queremos una patria unida", dijo el coronel Herrera.
En
el documento dado a conocer por las Fuerzas Armadas también se indica que
Galindo está en situación de disponibilidad y que fue antes dado de baja, y que
la foja de servicios de Herrera presenta innumerables faltas disciplinarias,
varias de ellas por encontrarse en estado de ebriedad.
El último golpe de Estado militar ocurrió en Bolivia en 1980, cuando un grupo de
oficiales tomó cruentamente el poder.
El cabecilla de esa asonada militar, el general Luis García Meza, cumple
actualmente una condena de 30 años de prisión sin derecho a indulto por los
crímenes cometidos durante su gobierno de unos meses.
El
presidente Mesa se encontraba este miercoles en Sucre, al sur del país,
participando en las fiestas cívicas de la región. Anoche dijo allí que no
piensa en renunciar y que está dispuesto a dialogar con los sectores en
conflicto.
Ahora el mandatario boliviano
no sólo enfrenta las protestas en la capital, sino también las presiones de
autonomía ejercidas por algunas provincias industriales como Santa Cruz y la
exigencia de organizaciones sindicales para que se reforme la constitución.
A las presiones que recibe de los movimientos autonomistas del este del país
(oligarquías aliadas a las multinacionales petroleras) y los movimientos
sindicales del occidente, el presidente Mesa ha reaccionado reafirmando que
continuará en su cargo hasta el final de su mandato, en agosto de 2007.
Los comités cívicos de
Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija -región donde se encuentra el 87% de las vastas
reservas de gas nacionales- decidieron el ayer autoconvocarse a un referéndum
para la creación de autonomías el 12 de agosto, pero aclararon que buscarán que
esa medida tenga el respaldo del Congreso.
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