Un poco de historia

Desde la fundación de la República (1825) hasta hoy, Bolivia se ha articulado con el mercado exterior, básicamente como país exportador de materias primas. Según el economista Carlos Villegas, "este proceso primario exportador -con precios fijados de acuerdo a las fluctuaciones del mercado mundial- construyó un circuito perverso en términos de no dejar bases sólidas para la generación de empleo y de ingresos para la mayoría de la población y, en consecuencia, para la reducción de la pobreza". Así fueron surgiendo y agotándose los ciclos de explotación de la goma, la plata y el estaño, hasta llegar al auge del gas, "la última riqueza natural de Bolivia, su última oportunidad", como consideran hoy los analistas.

Hasta 1997, Bolivia contaba con reservas hidrocarburíferas suficientes para abastecer su mercado interno y para exportar en pequeñas cantidades. Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia (YPFB) -fundada en 1936- era la entidad encargada de explotar y comercializar este recurso. Un buen porcentaje de las ganancias de este ente público era entregado al Estado central para financiar, principalmente, el gasto corriente de los diversos gobiernos. Se calcula que sólo entre 1985 y 1996 (año de la privatización del sector), YPFB entregó al Tesoro General de la República un total de 3.812 millones de dólares (1). El sector hidrocarburífero era pues la "caja chica" del Estado, pero a costa de rezagarse tecnológicamente y de dedicarse a actividades plenamente extractivas, sin invertir en nuevas exploraciones. Esta situación fue muy bien aprovechada por el primer gobierno del neoliberal Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), quien desató una fuerte campaña para demostrar la inviabilidad de la empresa pública y la necesidad de entregar el sector a manos privadas. En realidad, no se trató sólo de los hidrocarburos, ya que Sánchez de Lozada privatizó casi todas las empresas públicas importantes: los ferrocarriles, los servicios de luz y agua, la telefonía, la línea aérea de bandera y, por supuesto, los hidrocarburos.

Para ello fue necesaria una serie de reformas jurídicas e impositivas, de modo de hacer "atractivas" a las empresas nacionales ante la inversión extranjera, por lo que se promulgó un conjunto de leyes que flexibilizaron todo el aparato jurídico nacional (la Constitución no admite que empresas privadas detenten la propiedad de los recursos naturales del país). La Ley de Capitalización -que fue la ley privatizadora específica- y la Ley de Hidrocarburos, entre otras, fueron clave. El contexto favorable a la inversión extranjera ya había comenzado con la Ley de Inversiones, promulgada por el gobierno de Jaime Paz (1989-1993) que establecía una homologación tributaria para las empresas nacionales y extranjeras, el libre flujo de capitales y libertad para enviar remesas fuera del país.

A partir de 1996, una media docena de empresas transnacionales arriban a Bolivia y otras que ya estaban operando consolidan sus posiciones. Las más importantes son BG (British Gas) Bolivia; Chaco S.A. (constituida por la empresa holandesa Amoco Neetherlands Petroleum Company); Pluspetrol (empresa argentina que opera desde 1990); Total Exploration Production Bolivie (Total EPB; subsidiaria de la francesa Total Fina ELF); Petrobras (Brasil); Pecom Energía S.A. (Argentina); Repsol YPF (española, con tres subsidiarias: Andina S.A., Maxus Bolivia y Repsol Gas); Shell y Transredes (consorcio constituido por Petrobras, Shell y Enron para el transporte de gas a Brasil). Entre 1996 y 2002, estas empresas invirtieron en el sector hidrocarburífero una suma total de 2.500 millones de dólares (2).

La radicalización del movimiento social

En 1997 se produce una serie de descubrimientos de reservas de gas natural que redibujan el mapa energético de la región y sitúan a Bolivia como una potencia gasífera en Sudamérica. De los 151,9 trillones de pies cúbicos (TCF) que existen en la región, el 36% es boliviano (3); el 24,2% argentino; el 13,2% venezolano; el 8,5% peruano y el 17,8% de Trinidad y Tobago.

Las luchas de los movimientos sociales, precisamente, exigen que el estado boliviano tome el control de esa enorme riqueza gasífera. Y hasta la fecha se dieron pasos importantes en esa dirección. El 18 de julio de 2004 se llevó adelante un referéndum en el que más del 70% de bolivianos se pronunciaron a favor de la recuperación de la propiedad de los hidrocarburos. Sin embargo, en la elaboración de la nueva Ley de Hidrocarburos, que fue aprobada finalmente en mayo de 2005, los partidos tradicionales (MNR, MIR, ADN) que administraron el país en la época de la imposición del modelo neoliberal, y que hoy son mayoría en el Congreso, impusieron una norma que si bien sube los impuestos y regalías hasta llegar al 50%, no recupera en lo sustancial la propiedad de los hidrocarburos.

Esta situación generó una inmediata reacción de los movimientos sociales que ahora se movilizan por una consigna más radical: la nacionalización a secas.

Debilidades y fortalezas del movimiento social

Según el analista Álvaro García Linera, estudioso de los movimientos indígenas, "nunca como hoy hubo una disponibilidad social tan importante para que lograr que los sectores subalternos impongan a las élites y al Estado cambios trascendentales en la estructura del poder, y por su puesto en el tema de los recursos naturales. Pero hay que reconocer también la extrema debilidad de los liderazgos que conducen y orientan al movimiento social".

Es decir, el movimiento social boliviano se ha potenciado enormemente desde el año 2000, pero carece de liderazgos coherentes y sólidos que sean capaces de darle una orientación política seria. La nacionalización de los recursos hidrocarburíferos es todavía una consigna, sin un proyecto técnico que muestre su viabilidad. Precisamente esta situación da lugar a una intensa campaña de desprestigio montada por los partidos tradicionales -ligados al neoliberalismo- y los medios de comunicación conservadores -incluido el grupo español Prisa, propietario de una red de televisión y dos diarios importantes.