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(IAR-Noticias)
10-Jun-05
 Por
Hinde Pomeraniec, Clarín
Es un fenómeno que comienza en la batalla contra los cocales y
la guerra del agua.
Para tratar de entender qué sucede hoy en Bolivia hay que mirar al menos hacia
1989, cuando un tercio de la población se ganaba la vida con el cultivo de coca,
una palabra maldita para EE.UU.
Gobernaba legítimamente Hugo Banzer —antes había
llegado por golpes de estado— y el hombre en acuerdo con la Casa Blanca, decidió
terminar con las tierras del Chapare, la región ubicada entre Cochabamba y Santa
Cruz donde vivian unas 45 mil familias bolivianas.
La propuesta de destruir los cultivos no era mala, pero el método fue un
desastre. No hubo créditos ni facilidades para que los campesinos generaran un
cultivo alternativo que les permitiera subsistir. En esa crisis de hambre
originó buena parte de la dirigencia cocalera que hoy tiene gran peso político
en el país.
 El siguiente capítulo fue en 2000, cuando la población de Cochabamba reaccionó
furiosamente contra el alto costo en dólares que impuso la recién llegada
empresa privada de agua potable, la estadounidense Bechtel. La guerra del agua,
no sólo acabó expulsando a esa firma, sino que amplificó una forma de hacer
política fuera del Parlamento y cerca de la población. En esos conflictos, cuyas
consecuencias notablemente no advirtió la clase dirigente, nacieron o se dieron
a conocer entonces nuevos dirigentes (Evo Morales, Felipe Quispe) y generaron
partidos políticos insólitos, que ocuparon asientos en la Legislatura.
Los recursos naturales se convirtieron en la bandera de los que nunca habían
hablado en un país de 9 millones de habitantes, con tremendos recursos de gas
(53 trillones de pies cúbicos) pero al que accedía menos del 1% de la población.
Esa fue la otra guerra. En octubre de 2003, cuando se gestaba una venta de gas a
México y EE.UU. a través de puertos chilenos, la multitud estalló, de la mano de
esos nuevos líderes.
 En el Palacio Quemado, Gonzalo Sánchez de Lozada ordenó reprimir y acabó
partiendo a Washington dejando una estela de muertos. Morales y Quispe se
afirmaron como líderes de la resistencia y con otros dirigentes de El Alto (la
ciudad dormitorio) tomaron la bandera de una Bolivia que definían a su modo como
digna y libre de presiones. En el gobierno quedó Carlos Mesa, quien pidió una
tregua. Los líderes dejaron respirar al nuevo presidente hasta que convocó a un
referéndum por los hidrocarburos.
La demanda de esa nueva dirigencia fue un cambio en las reglas de juego y el
dominio estatal de los recursos. Sánchez de Losada había reducido las regalías
de 50% a 18%. La gente estaba furiosa. Mesa no pudo dominar la situación, con
una ley de hidrocarburos dictada de apuro y que no conformó a nadie: ni a las
empresas ni a los radicales.
La síntesis es una ausencia persistente del Estado que ignoró una realidad que
acabaría estallando y que ha sido la génesis de la actual anarquía. Un dato es
ilustrativo. Bolivia confronta un rojo fiscal de casi 7 por ciento de su PBI,
unos 600 millones de dólares anuales. Es decir gasta más de lo que le ingresa, y
apenas puede financiar escuelas, redes de electricidad y sanidad. Pero el
negocio del gas movió 1.500 millones de dólares cada 12 meses desde 1996. Y sólo
dejó en el país menos del 10 por ciento.
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