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(IAR-Noticias)
26-Nov-05
Reuters
 Un adolescente de 13 años, acusado de robar
a una vecina de la misma favela, fue juzgado y sentenciado por 15
narcotraficantes. Como castigo, le dispararon dos tiros, uno en cada mano.
Por Eleonora Gosman - Clarín
Dos tiros, uno en cada mano, fue el castigo que recibió un chico de 13 años, que
habita con sus padres en la favela Andaraí.
Los jefes del narcotráfico de esta favela carioca
lo sentenciaron a esa pena por haber robado un celular a una de las habitantes
del morro, ubicado en la zona norte de Río.
El episodio habría pasado desapercibido, a no ser por lo emblemático: como en
los feudos, "mantener el orden e impartir justicia" es una competencia del dueño
del morro que comanda la distribución de las drogas.
Ayer, el diario O Globo reflejó la historia. El muchacho, cuyo nombre fue
mantenido en reserva, vive en otra de estas "comunidades", el morro de los
Macacos.
Junto con un amigo, fueron a devolver el celular a
una moradora de Andaraí, a cambio de 80 reales que le exigían como pago.
Combinaron un lugar para entregarle el aparato: sería en la Plaza Barao de
Drummond, en Villa Isabel. Cuando llegaron a destino, cuatro hombres fornidos
que iban en un Chevette los agarraron y golpearon.
Una vez en el auto, los llevaron para la cancha de fútbol de Andaraí donde una
corte de 15 traficantes, que estaban con la mujer presuntamente robada, los
empezó a indagar.
La señora no reconoció a los chicos y estos fueron
liberados. Pero uno de los narcos pidió que volviera el menor y allí, sin más
trámite, lo baleó en ambas manos.
Según estudios realizados por universidades brasileñas, la favela de Andaraí es
uno de los lugares "modelo" desde el punto de vista gubernamental.
Las investigaciones señalan que en ese morro los
jefes narcos fueron capaces de ejercer un liderazgo ordenador. Andaraí fue parte
de un proyecto denominado "favela barrio" que realizó obras de infraestructura y
saneamiento básico.
Río de Janeiro llegó ya a los 6 millones de habitantes. De ellos, 1,1 millón de
personas vive en las 600 favelas existentes en la ciudad, lo que equivale a 19%
de la población.
Pero los datos de todo el estado son apabullantes:
una encuesta publicada ayer revela que entre los 100 municipios más violentos de
Brasil, hay 16 en Río. Las estadísticas fueron elaboradas por una fuente
insospechable: el ministerio de Salud.
Esa misma investigación reveló que San Pablo es más violenta que Río de Janeiro,
pero el relevamiento muestra especialmente que si bien la capital carioca baja a
segundo lugar, el peligro de la violencia se propaga al interior del estado
fluminense.
Y no todo tiene que ver con el narcotráfico. Un ejemplo es el municipio carioca
de Macaé. Es el que registró el mayor aumento en el índice de homicidios en
apenas 5 años.
La razón fue que esa región, después de una
explosión de desarrollo económico a causa de la explotación petrolera, ahora
vive las desgracias de un crecimiento desordenado con la aparición de numerosas
favelas.
En Río, el estallido de la "favelización" está lejos de haber terminado. Pero
las soluciones que se discuten para terminar con las villas precarias de los
morros son más policíacas que sociales.
Estas ciudadelas están construidas según los
patrones medievales, con los líderes o señores del narcotráfico en la cima y los
habitantes en las laderas.
Uno de los proyectos que deberá ser aprobado en la
capital carioca prevé contener la "expansión" de los morros-fortalezas. Entre
las ideas barajadas por los concejales, todos miembros de la sociedad que vive
fuera de las favelas, está el monitoreo por medio de satélites.
La polémica llegó a las universidades. Los expertos en urbanismo, como Flavio
Ferreira, profesor da Facultad de Arquitectura de Río, sostienen que no es
preciso elevar un muro virtual alrededor de las villas, sino integrarlas a la
sociedad con inversiones masivas en infraestructura, en transporte y en
seguridad.
Esto es lo que en última instancia permitirá que
la justicia, en los morros, quede en manos de las autoridades judiciales y no de
los jefes del narcotráfico, quienes ejercen hoy un poder que el Estado
oficialmente no les ha delegado.
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