|
(IAR-Noticias)
26-Nov-05
Los problemas de corrupción gubernamental en Brasil amenazan degenerar en
un conflicto de poderes, ante el rechazo manifestado este jueves por muchos
parlamentarios a una supuesta "injerencia" del Supremo Tribunal Federal en
procedimientos de la Cámara de Diputados.
Por Mario Osava - IPS
Un movimiento de legisladores opositores defiende que la cámara baja ignore los
fallos del Poder Judicial que están trabando procesos parlamentarios de
inhabilitación a por lo menos 14 diputados acusados de recibir sobornos o dinero
ilegal para campañas electorales.
La tensión se agravó ante la posibilidad de que el Supremo Tribunal acogiera un
requerimiento del diputado José Dirceu de Oliveira, ex ministro de la Casa Civil
de la Presidencia, que obligaría el Consejo de Ética de la Cámara de Diputados a
oír nuevamente a testigos de la defensa en el proceso para inhabilitarlo como
legislador.
Un empate en cinco votos impidió una decisión final del Tribunal sobre la
materia el miércoles. El undécimo magistrado, Sepúlveda Pertence, está enfermo,
por eso no pudo emitir su voto decisivo, y no se sabe cuándo podrá hacerlo.
El presidente de la Cámara, Aldo Rebelo, del oficialista Partido Comunista de
Brasil, anunció que mantendría el miércoles 30 como fecha de la votación
plenaria que decidirá sobre la inhabilitación de Dirceu. No hubo ningún hecho
para alterar la programación establecida, arguyó.
Esa posición no aclara si desobedecería el fallo judicial como quieren algunos
líderes y parlamentarios opositores.
"La situación se hizo insostenible, la Cámara tiene asumir su poder y desconocer
la injerencia del Supremo", para "cortar el mal de raíz" y dejar claro que no
acepta interferencias de otros poderes, opinó a IPS la senadora Maria do Carmo
Alves, del opositor y conservador Partido del Frente Liberal (PFL).
Dirceu, acusado de coordinar un supuesto sistema ilegal de captación de recursos
y sobornos del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), ya había logrado
retardar su inhabilitación mediante otros recursos ante la justicia.
Su actitud fue imitada por otros involucrados en la red de corrupción,
convirtiendo el proceso de juicio parlamentario, que debía ser netamente
político, en una batalla también judicial.
Los fallos que obligaron a la repetición de varios procedimientos en la Comisión
Parlamentaria de Investigación y en el Consejo de Ética, acumularon
resentimientos entre parlamentarios, especialmente los de oposición.
La sesión del miércoles del Supremo Tribunal Federal puede ser la última gota,
inclusive porque muchos parlamentarios rechazan su resultado parcial divulgado
por el presidente del cuerpo, Nelson Jobim.
"No hubo empate, sino un triunfo nuestro por seis votos a cuatro", afirmó el
presidente del Consejo de Ética, diputado Ricardo Izar, del Partido Laborista
Brasileño que dejó el oficialismo en medio de la crisis actual.
El diputado y otros líderes parlamentarios acusaron a Jobim de haber invertido
el voto del juez Cezar Peluso, que aprobó la continuación del proceso
parlamentario contra Dirceu, pero condicionándolo al retiro de testimonios
acusatorios cuestionados.
Dirceu requirió al Supremo Tribunal que anulara el informe del Consejo de Ética,
que recomendó la inhabilitación del diputado por 13 votos a uno, porque no se le
había asegurado pleno derecho a defenderse, pues los testigos de la acusación
fueron interrogados después de los de la defensa.
El Consejo de Ética "no es un tribunal judicial, sino parlamentario", por eso no
se puede exigirle, como hicieron cuatro jueces de la Suprema Corte, que cumpla
exactamente los procedimientos de la justicia, alegó Izar.
La actitud de Jobim probó su parcialidad, al interpretar a favor de su propia
opinión el voto parcial de Peluso, señaló Rodrigo Maia, líder del PFL en la
cámara baja.
El presidente del Supremo Tribunal Federal "es político, pretende ser candidato
a presidente de la República" en las elecciones de 2006, sentenció la senadora
Maria do Carmo Alves, justificando su posición favorable a una rebelión
parlamentaria contra las injerencias del Poder Judicial.
"Estas son tensiones naturales en una democracia", dijo a IPS el jurista Marcelo
Ribeiro, que preside la Comisión de Estudios Constitucionales del Colegio de
Abogados de Brasil.
"El Consejo de Ética (de la Cámara de Diputados) hace lo que entiende correcto,
pero todo está sujeto al análisis del Supremo Tribunal Federal", que juzga
cuestiones constitucionales, explicó. El sistema democrático "no es de
separación completa de poderes, un poder controla al otro", acotó.
Ribeiro calificó de especulación precipitada la posibilidad de una crisis
institucional ante la insatisfacción del Poder Legislativo por una decisión del
Poder Judicial, que "aún es hipotética" porque falta un voto. "Peor es cuando no
hay tensiones entre los poderes", concluyó.
|
EN VIVO
TELEVISION
