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(IAR-Noticias)
07-Dic-05
Agencias
La decisión del
gobierno ecuatoriano de abandonar la consulta popular ante las
presiones del congreso, y un pedido de juicio político al presidente
Palacio, evidencia hoy el fracaso del llamado "golpe popular" contra
Gutiérrez que el 20 de abril pasado demandó "que se vayan todos".
El presidente de Ecuador, Alfredo Palacio, admitió anticipadamente
este lunes su derrota en la pugna con el Congreso por un
plebiscito para reformar la Constitución, y ahora enfrenta una
severa crisis de gobierno precipitada por el ofrecimiento de
renuncia de sus ministros.
"Con esto se cierra un capítulo de la historia ecuatoriana en el
cual el pueblo ha querido hacer uso de su derecho a ser consultado
en un tema de trascendental importancia", afirmó el ministro
encargado de gobierno, Galo Chiriboga.
En ese sentido, lamentó que las condiciones políticas del país
impidan la realización del plebiscito que alentaba el gobierno a
espaldas del Congreso, con el fin de instalar una Asamblea
Constituyente que reforme la Carta Política.
El pedido de una consulta
a espaldas del Congreso arreció el enfrentamiento entre el
Ejecutivo y las bancadas parlamentarias, que amenazaron incluso
con iniciar un juicio político contra Palacio por supuestamente
violar la Constitución para mantenerse en el poder.
A los llamados de un
juicio político en contra de Palacio se sumó otro más
grave; su posible enjuiciamiento penal por el escándalo de
falsificación de su firma ocurrido hace meses en el Palacio de
Carondelet (casa de Gobierno).
Según fuentes parlamentarias, el parlamento inducirá a la ministra
fiscal, Cecilia Armas, para que inicie una instrucción en contra del
dignatario por transgredir el artículo 294 del Código Penal, en el
caso de la falsificación de firmas.
Según el jefe de la Comisión de Fiscalización, diputado Guillermo
Haro (de la ID), las pesquisas realizadas en torno a este escándalo
arrojaron que no hubo plagio y las rúbricas de documentos son de
Palacio.
El legislador destacó que la ley reprime con prisión de tres
meses a un año a toda persona que denuncia un delito, a
sabiendas de que no ha existido el hecho ilícito.
La necesidad de un cambio
para salir del Estado caduco, obsoleto, corrupto y carente de
institucionalidad fue reconocida por el presidente Alfredo
Palacio, pero su estrategia flaqueó ante las maniobras del aquí
calificado desprestigiado parlamento.
Para el ministro encargado del Gobierno, Galo Chiriboga, se
cierra un capítulo en la historia ecuatoriana, en la cual el
pueblo trató de hacer uso de sus derechos, decidir su destino y
lamentablemente esto no fue posible.
Chiriboga señaló que los mecanismos democráticos para impulsar la
reforma política se agotaron y Palacio no tiene más salidas
que desistir de su propuesta, pues las tiendas políticas del órgano
legislativo unicameral la bloquearon.
La oposición de los tradicionales partidos social cristiano (PSC) e
Izquierda Democrática (ID) a cualquier reforma denota que tal paso
significaría acabar con un sistema que les depara grandes beneficios
de hegemonía y control de espacios de poder.
Círculos políticos nacionales estiman que el presidente, a quien el
líder del PSC, León Febres Cordero, consideró como un novato y
sin experiencia política, abandonó la lucha por su principal
objetivo de "refundar el país" ante una creciente amenaza de
enjuiciamiento.
Los ministros adoptaron la decisión el mismo día en que el Congreso
recompuso el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para impedir la
aprobación de una consulta con la que, a juicio de los diputados,
Palacio pretendía extender su mandato interino que finaliza en 2006.
Según el ministro, la renuencia de los diputados llevó al gobierno a
desistir definitivamente del plebiscito para instalar una
Asamblea Constituyente que reforme la Carta Política, el cual
había sido convocado para el 22 de enero.
"Es posible que el próximo año no intentemos seguir con un proceso
de concertación, porque es evidente que los actores políticos no
quieren una reforma", añadió.
Durante una sesión extraordinaria, la mayoría de los diputados
aceptó la este lunes renuncia del presidente y vicepresidente del
TSE, al tiempo que revocó a un tercer vocal, dijo a la AFP Xavier
Sandoval, del Partido Social Cristiano (PSC, derecha).
El Congreso designó inmediatamente a los nuevos miembros del
organismo que se reunieron este lunes para nombrar nuevas directivas
y pronunciarse sobre el pedido de consulta de Palacio.
El titular del organismo electoral, Gilberto Vaca, había renunciado
al cargo el sábado último aduciendo su desacuerdo con un
plebiscito a espaldas del Congreso.
Según analistas, el relevo de los vocales anticipaba una inminente
derrota del gobierno por cuanto el tribunal quedó conformado por
representantes de los partidos que se oponen a la iniciativa del
gobierno.
En medio de este escenario, se profundiza una crisis en el
debilitado gobierno, que carece de respaldo entre las
organizaciones políticas y tampoco se ha ganado el apoyo de la
ciudadanía.
Los renovados planes del
presidente de Ecuador contaban con el respaldo de sectores sociales
e indígenas, que más que un cambio propiamente dicho pretendían
pasarle factura al Legislativo, la institución más desprestigiada
según encuestas.
"El Congreso tiene que irse a la casa. Decir que el Ejecutivo no
tiene fuerza es una justificación para no escuchar al pueblo
ecuatoriano que pide una Constituyente", dijo al canal Ecuavisa
Lourdes Tiban, dirigente del movimiento indígena.
Los dirigentes políticos que respaldan al mandatario rechazaron el
que llamaron "boicot parlamentario contra el plebiscito".
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