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(IAR-Noticias)
07-Dic-05 /
Econoticiasbolivia.com
 Obsesionado
por ser el primer indígena que llega a la Presidencia de Bolivia, el líder
cocalero Evo Morales ofreció nuevos privilegios y compensaciones económicas a
las transnacionales petroleras para que accedan a adecuar sus multimillonarios e
ilegales contratos a la actual ley de hidrocarburo
 La
tentadora oferta a las petroleras, que mantienen el monopolio
de las riquezas hidrocarburíferas que han sido valuadas en al menos
cien mil millones de dólares, está contenida en el programa de
gobierno del Movimiento al Socialismo (MAS), partido jefaturizado
por Morales y que es amplio favorito para ganar las elecciones del
domingo 18 de diciembre.
En el acápite 2.2.5 de su Programa Económico, el MAS ofrece a las
petroleras extranjeras como Repsol, Petrobras, Total, British
Petroleum, Enron, Shell, Panamerican Energy, Pluspetrol, Vintage y
otras, “compensaciones en especie o efectivo” para que
acepten dejar de lado sus contratos, que han sido declarados como
inconstitucionales e ilegales por el Tribunal Constitucional de
Bolivia, por otros que se adecuen a la nueva ley de hidrocarburos
3058, aprobada paradójicamente el 17 de mayo de 2005 con la
oposición de los partidarios del propio Morales que la cuestionaban
por ser “atentatoria a los intereses nacionales” y “muy favorable
para las petroleras”.
“No estamos satisfechos con la nueva Ley y por eso presentamos antes
un proyecto de modificación (...) Pero ahora tenemos que respetar y
hacer cumplir esa ley (3058) y conversar con las empresas
petroleras. Tenemos que negociar para que firmen los nuevos
contratos”, aseguró el diputado y miembro de la cúpula del MAS,
Antonio Peredo.
Socios del poder petrolero
 Con
esta nueva concesión al poder petrolero, Evo y el MAS intentan
neutralizar la resistencia contra su candidatura, que timonean
las transnacionales temerosas de una eventual expropiación o
confiscación o nacionalización, tal como exigen los sectores
populares y sociales nucleados en torno a la Central Obrera
Boliviana (COB) y la Federación de Juntas Vecinales de El Alto y
otras instituciones.
La propuesta de Evo busca, además, mostrar a las petroleras que
puede ser un socio válido y confiable como son los dos
candidatos de las élites bolivianas, el ultraderechista ex
presidente Jorge Quiroga y el multimillonario empresario de derecha
Samuel Doria Medina, que a pesar de sus demagógicos discursos sobre
la nacionalización son dos “soldados” de las transnacionales.
Por ello, desairando el pedido popular de rescatar los cien mil
millones de dólares en reservas que están en manos de las
transnacionales, Evo y el MAS prometen negociar y legalizar los
contratos petroleros al amparo de la nueva ley, indemnizando a las
transnacionales por las pérdidas y/o daños económicos que tengan al
adecuarse a la nueva ley que aumenta ligeramente los tributos y las
obligaciones de las petroleras.
Al firmar nuevos contratos y adecuarse a la actual ley, las
petroleras deberán pagar al Estado cerca de 100 millones de dólares
más en impuestos y regalías, monto que sería sin embargo devuelto
a las compañías en dinero y/o en gas y petróleo, según la propuesta
oficial del MAS.
Las petroleras quieren
negociar
 Hasta
ahora, las petroleras no se han pronunciado directamente sobre esta
propuesta del MAS, pero ya adelantaron su predisposición para
negociar los nuevos contratos con el próximo gobierno de Bolivia,
dejando de lado las impugnaciones legales inicialmente planteadas
para ir al arbitraje internacional.
Así, el presidente de Petrobras en Bolivia, José Fernando De Freitas,
dijo que están dispuestos a cumplir la Ley de Hidrocarburos y que
abordarán la migración de contratos con el próximo gobierno, siempre
y cuando sepan cuáles son las nuevas condiciones.
“Las empresas transnacionales que estén dispuestas al cambio de
régimen que se adapte a las nuevas normas para el sector,
permanecerán en Bolivia. Por el contrario, las que no estén de
acuerdo en la conversión (migración) obligatoria de contratos,
deberán entregar sus proyectos”, señala el programa del MAS, que
considera que con la aplicación de la Ley 3058 se estaría dando una
“nacionalización responsable” de los hidrocarburos. Esto, sin
embargo, es considerado como una burla por las organizaciones
sociales y populares.
Contra la legalización de
los contratos
Según los especialistas, como Andrés
Soliz Rada, con la aplicación de la nueva Ley 3058, tal como promete el MAS, las
petroleras extranjeras estarían tributando apenas el 10% de los ingresos
generados en el multimillonario negocio del gas, ya que sólo estarían
gravando la explotación y exportación de materias primas.
En cambio, los dirigentes de la COB y de otras organizaciones populares se
oponen a la legalización de los contratos propiciada por el MAS, por lo que
solicitaron al Fiscal General de la República la autorización para intervenir
militarmente los campos petroleros, ante la probada inconstitucionalidad de los
contratos porque no fueron aprobados por el Congreso de la República, tal como
manda la Constitución Política del Estado.
"Hemos pedido un requerimiento de medidas cautelares al Fiscal General de la
Republica pidiendo la ocupación física de los campos petroleros toda vez que el
proceso interpuesto ha prosperado y corresponde la ocupación de los campos
petroleros", dijo el dirigente de la Central Obrera de El Alto, Roberto De la
Cruz.
Desde su permanencia en Bolivia, desde mediados de la década de los años 90, las
transnacionales han cometido una serie de irregularidades y delitos y no
han cumplido ni siquiera con los contrato suscritos con los gobiernos
neoliberales (y que son ilegales al no tener la aprobación del Congreso, según
el dictamen del Tribunal Constitucional, la máxima autoridad jurídica de
Bolivia).
Freno a la nacionalización
 Por
ello, según los sindicalistas, como Jaime Solares, líder de la COB, la
adecuación de los contratos ilegales a la nueva ley, como plantea el MAS, sería
“una nueva traición a la patria” y a la demanda popular de nacionalizar
los hidrocarburos.
De entrar en vigencia la nueva Ley y firmarse nuevos contratos con las
petroleras, el Estado boliviano perdería la base legal que tiene para expulsar a
las transnacionales y recuperar la totalidad de reservas de gas y petróleo,
las segundas más importantes de Sudamérica.
Pero nada de ello parece importarle a líder cocalero que está a la cabeza de
todas las encuestas y sondeos electorales, y que apuesta a convertirse en un
socio confiable de las petroleras. “A las petroleras las queremos de socios,
no de amos”, dice Morales, que ya en el pasado dio muestras de su apego al
negocio petrolero.
En el 2004, Evo Morales y el MAS dieron su respaldo a la exportación de gas a la
Argentina, a cargo de Repsol y Pluspetrol, al precio "solidario" de $US 0.98 el
millar de pies cúbicos, cuando Brasil estaba pagando $US 2.30 por la misma
cantidad. Un negocio redondo para las compañías petroleras que operan a ambos
lados de la frontera.
Ese mismo año, Evo Morales fue expulsado de la COB por traicionar la lucha del
pueblo por la nacionalización del gas y el petróleo.
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