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(IAR-Noticias)
14-May-05
 Por el Comité de Redacción - WSWS
william Frist, entre los dirigentes Republicanos más importantes del Senado de
Estados Unidos, se presentó el domingo pasado en un programa de televisión
nacional. El programa fue auspiciado y organizado por fundamentalistas
cristianos cuyo propósito no era más que pintar de "anti cristiano" a todo
oponente del gobierno de Bush. Fue un acontecimiento sin precedentes. Por
primera vez en la historia de Estados Unidos un grupo trata de convertir a la
religión en la base ideológica de uno de los dos partidos políticos principales
del país.
El Partido Republicano se está convirtiendo en el brazo derecho de la política
de la derecha religiosa. La Casa Blanca y la dirigencia Republicana en el
Congreso se han comprometido a lograr un objetivo: que el pueblo entero adopte
la doctrina evangélica como ley del país. Este desarrollo tiene las más nefastas
insinuaciones para las estructuras constitucionales de la nación y los derechos
democráticos.
El evento, que tomara lugar bajo el lema de "Domingo de Justicia: paro a los
discursos dilatorios contra la gente de fe", atrajo a 2000 personas a la Iglesia
Bautista de Highview en los suburbios de Louisville, estado de Kentucky. Fue
televisado a iglesias y hogares por un sistema nacional de satélite. El discurso
de fue por vídeocinta y duró tan sólo seis minutos. Para decir la verdad, sus
palabras no expresaron ningún sentimiento religioso. Pero el hecho que
participara en semejante evento fue un acto de solidaridad con los organizadores
del programa, que duró una hora y atrajo a los elementos más reaccionarios de la
derecha cristiana fundamentalista. Entre ellos: Tony Perkins, presidente del
Consejo de Investigaciones sobre la Familia, James Dobson, presidente de Foco
sobre la Familia, y William Donahue, presidente de la Liga Católica.
Pero el Partido Demócrata, ante semejante ofensiva de la derecha religiosa a
través del Partido Republicano, otra vez ha mostrado su incompetencia. Todavía
es incapaz de entablar un pleito serio contra movimiento de semejante índole. Ni
siquiera se atreve a llamar a esta alianza entre los Republicanos y los
fundamentalistas por su propio nombre: una campaña intenta en destruir la
separación entre la religión y el estado y llevar al país hacia la teocracia.
Al contrario; los dirigentes Demócratas del Congreso nacional aceptan los
límites políticos impuestos por los fundamentalistas. Su única queja es que
ellos también son "gente de fe". No nos sorprende para nada que el Senador John
Kerry, quien perdiera las últimas elecciones presidenciales, se haya unido al
senador Republicano, Rick Santorum, partidario del grupo católico medio
fascista, Opus Dei, para introducir un proyecto de ley que le permitiría a los
farmacéuticos rehusar recetas médicas para el control de la natalidad porque esa
práctica es contraria a sus creencias religiosas.
 En las controversias políticas que dominan a Washington debido a los jueces
federales que el Presidente Bush ha nombrado, los Demócratas siguen mostrando
las mismas cualidades que exhibieron durante los conflictos recientes, inclusive
durante el enjuiciamiento de Clinton y las elecciones presidenciales del 2000:
la impotencia, la falta de seriedad, y un gran desinterés en recurrir a las
amplias masas del pueblo para defender los derechos democráticos. A fin de
cuentas, este parálisis se tiene sus raíces en el carácter clasista del Partido
Demócrata, el cual es uno de los dos instrumentos políticos principales de la
clase gobernante capitalista. Éste actúa como peso muerto en la clase obrera;
termina destruyendo todo intento del pueblo trabajador para establecer el tipo
de movimiento político independiente que representaría una amenaza al sistema de
ganancias.
La premisa del "Domingo de Justicia" se basa en la táctica de pintar a sus
rivales con una etiqueta política muy similar a la técnica de la "gran mentira"
que los nazis de Hitler usaron. Los organizadores del evento afirman que los
fundamentalistas cristianos—que dominan al Partido Republicano, el cual a su vez
controla la Casa Blanca, ambas cámaras del Congreso y un 50% de los gobiernos
estatales—son una de las perseguidas minorías de Estados Unidos. Han declarado
que Estados Unidos, el país más saturado de religión del mundo industrial, es el
foco de las intrigas promovidas por el "humanismo secular", que sistemáticamente
trata con ninjusticia a la "gente de fe".
Se supone que las pruebas incontrovertibles de esta presecusión son los
tribunales federales, sobretodo a través del papel que jugaron en el caso de
Terri Schiavo, y los esfuerzos de los Demócratas en el Senado para bloquear a
los individuos derechistas que Bush ha nombrado como jueces a dichos tribunales.
En el caso de Terri Schiavo, la derecha cristiana intervino para imponer su
dogma religioso a la la decisión de Michael Schiavo, esposo de Terri, de parar
los aparatos que mantenían viva a su esposa, cuyo cerebro había dejado de
funcionar. La Casa Blanca de Bush y el Congreso enseguida se postraron ante los
fundamentalistas. El Congreso hasta llegó a adoptar un extraordinario proyecto
de ley para hacer un estudio de los tribunales federales y de la participación
de éstos en el Caso Schiavo. Y el propio Bush precipitadamente canceló sus
vacaciones en el estado de Texas para brindar su firma al proyecto y convertirlo
en ley.
No obstante, los jueces federales a todo nivel judicial—la mayoría nombrados por
presidentes Republicanos—rehusaron participar en la abolición de los precedentes
jurídicos establecidos. Uno de los jueces de una corte de segunda instancia
defendió el derecho de Terri Schiavo a morir tal como se lo había expresado a su
esposo y a otros dos testigos. Este dictamen fue ratificado por una corte
federal de apelaciones y por la misma Corte Suprema que instaló a Bush en la
Casa Blanca. Ninguna de los tribunales federales se mostró dispuesto a servir de
limpiasaco al Congreso y cancelar la decisión de los tribunales del estado de la
Florida luego de siete largos años de pleitos litigiosos.
Los Republicanos del Congreso reventaron de ira ante la resistencia de la rama
judicial. Varios—inclusive el dirigente de la Mayoría en la Cámara de Diputados,
Tom Delay, y el Senador John Cornyn, del estado de Texas—se expresaron con
palabras incendiarias que abogaban por el castigo político de los jueces y casi
se mostraban a favor de la violencia.
En una conferencia de cristianos fundamentalistas celebrada en Washington hace
dos semanas, los organizadores del mitin en Louisville debatieron la posibilidad
que el Congreso cancelara los fondos monetarios destinados a los tribunales que
participaron en el Caso Schiavo—en efecto usando el poder económico para
enjuiciar a los jueces sin que tuvieran que comparecer ante un tribunal—o que
adoptara leyes para negarle a los tribunales toda jurisdicción sobre una amplia
gama de asuntos sociales.
Dobson, cabecilla del grupo de influencia fundamentalista mayor y mejor
financiado, propuso una simple solución: la desaparición de la Novena Corte de
Segunda Instancia, que es la más liberal de su tipo y cuya jurisdicción se
extiende por toda la zona del Pacífico y los Estados Montañosos. Según una audio
cinta del evento obtenida por el Los Angeles Times, Dobson se expresó con las
siguientes palabras: "El Congreso simplemente puede privar a los tribunales de
sus poderes. No tiene que desemplear a nadie, ni enjuiciarlos ni hacer batalla
por ese campo. Lo único que tiene que hacer es declarar que la Novena Corte no
existe y ésta desaparece".
Perkins, organizador principal del mitin en Louisville, expresó la histeria que
pervade a la derecha religiosa al declarar que los jueces federales representan
una amenaza mayor peor que los terroristas. Declaró que "los tribunales
activistas, con la ayuda de grupos liberales interesados, han estado funcionando
muy quietamente bajo el manto protector de la rama judiciaria, como ladrones que
se amparan de la noche para robar nuestro patrimonio cristiano y nuestras
libertades religiosas".
El conflicto acerca del nombramiento de jueces
 Es en este contexto que el conflicto en el Senado sobre los nombramientos de
Bush a los tribunales federales—conflicto que se intensifica cada vez más—ha
asumido un significado simbólico de enorme importancia. Los Demócratas se
valieron de la táctica del discurso dilatorio para obstruir a diez de estos
nombramientos durante el primer plazo de Bush, y han amenazado con continuar la
misma campaña contra siete de los diez que Bush ya ha nombrado desde comienzos
de año.
La semana pasada, el Comité Congresional sobre Asuntos Jurídicos aprobó por
votación a dos de los siete individuos de exdtrema derecha que anteriormente
habían sido rechazados: Priscilla Owen del estado de Texas y Janice Rogers Brown
de California. El voto de 10 a 8 fue totalmente partidista y de nuevo le abre
campo a los discursos dilatorios cuando las nominaciones se presenten
formalmente en el Senado durante el mes de mayo.
La política Demócrata—es decir, de basarse en estos discursos dilatorios
selectivos— nunca ha representado una oposición apasionada a la Casa Blanca.
Como reiterara el Senador Joseph Biden, Demócrata de mayor antigüedad en el
Comité sobre Asuntos Jurídicos, en una entrevista por televisión el domingo, los
Demócratas han ratificado los nombramientos de más de 200 jueces que se oponen
al aborto. Añadió que se han opuesto solamente a varios de los nombramientos más
provocativos y derechistas de Bush.
Pero discursador tras discursador en el mitin de Louisville pintó como
discriminación contra los cristianos y casi una traición a la república el
bloqueo de sólo el 5% de los nombramientos de Bush a los tribunales federales.
Perkins introdujo el tema de la victimización y declaró que "sólo porque creemos
en la Bibila como nuestra guía de la vida no significa que no reunamos os
requisitos para participar en nuestro gobierno. No hay razón para que se nos
obligue, como ciudadanos estadounidenses, a escoger entre creer lo que este
libro dice y servirle al público". El fundamentalista Católico Donahue añadió
que "a nosotros no se nos va a obligar a callarnos y a rendirnos ante la
izquierda secularista. Se vanaglorian de ser los grandes campeones de la
tolerancia; sin embargo, son intolerantes hacia nosotros".
En realidad, ninguno de los individuos nombrados a los tribunales fue rechazado
debido a sus creencias religiosas. En el Senado sólo dos casos relacionados a la
religión—que tenían que ver con actitudes hacia las leyes que restringen los
derechos al aborto—recibieron seria consideración. Los otros ocho fueron
bloqueados debido al punto de vista de la extrema derecha referente a los
derechos de los estados, a los poderes del gobierno federal, al medio ambiente,
y al racismo, o debido a objeciones procesales, tales como el fracaso de la Casa
Blanca en consultar, como ha sido de costumbre por muchos años, con los
senadores del estado natalicio del nombrado.
La acusación de que existe un prejuicio generalizado contra la "gente de fe" es
perniciosa y absurda. Es perniciosa porque quiere atemorizar a—e incendiar las
pasiones de—los sectores de la población norteamericana que son, desde el punto
de vista político, los más ignorantes en cuanto a la política y los más
predispuestos al prejuicio, y usarlos como carne de cañón en servicio de la
clase gobernante. Tal como mostrara el rally en Louisville, Kentucky, estas
capas están siendo mobilizadas y dirigidas para destruir toda resistencia a los
planes que la ultra derecha ha opuesto en marcha dentro de las mayores
instituciones del gobierno de Estados Unidos.
La acusaciones de que existe una persecución "contra los cristianos es absurda,
porque éstas toman lugar bajo condiciones en que reina un ambiente de rigidez
aguda, resultado del conformismo religioso, en los ámbitos capitalistas
oficiales. Casi todos los senadores y diputados del Congreso de Estados Unidos
se han declarado partidarios de una u otra religión. Ninguno se atreve a admitir
que es ateo o que no cree en Dios. Pero millones de estadounidenses rechazan el
dogmatismo religioso. El sistema bipartito oficial casi los ignora por completo.
Las amenazas de la "opción nuclear"
 Frist, dirigente de la mayoría Republicana en el Senado, repetidamente ha
amenazado con quitarle a la minoría Demócrata el derecho a usar la táctica de
los discursos dilatorios para bloquear los nombramientos, acción que el
predecesor de Frist, Trent Lott, una vez llamó "la opción nuclear". Esta movida
sería una intervención flagrantemente ilegal e inconstitucional por parte de la
rama ejecutiva en los asuntos de la legislatura. El Vicepresidente Cheney, quien
actúa en función de presidente del Senado, declararía a los discursos dilatorios
fuera de orden y trataría de hacer respetar su decisión por medio de una simple
mayoría de votos.
Esto significaría una gran ruptura con los precedentes establecidos por el
Senado durante 200 años. Y más bien sería una hipocresía política monumental,
puesto que en 1968 los Republicanos se valieron de los discursos dilatorios para
bloquear, exitosamente por cierto, el nombramiento de Abe Fortas al puesto de
Juez Presidente de la Corte Suprema, También se valieron de la misma táctica
para bloquear sistemáticamente a los nombramientos judiciales de Bill Clinton
durante seis de los ocho años que estuvo en la Casa Blanca. Pero esta movida no
va a recibir ningún apoyo popular. Una encuesta de opinión pública publicada por
el Washiington Post el martes pasado muestra que dos tercios del pueblo se opone
a semejante lucha para suprimir a la oposición en el Senado.
Tan peligroso es este conflicto, inclusive la posibilidad de que el Senado deje
de funcionar por completo, que un pequeño grupo de senadores Republicanos han
expresado sus inquietudes y podrían negarle a Bush y a Frist los 50 votos
requeridos para sostener el dictamen de Cheney. Los Republicanos tienen una
mayoría de 55-45 en el Senado, pero con solo seis defectores la "opción nuclear"
mordería el polvo. Todavía no se sabe si Frist se saldrá con la suya o no.
El objetivo inmediato del mitin en Louisville fue intimidar a este grupo de
Republicanos tentativos. Se mostraron grandes fotografías estilo afiche de
senadores Republicanos, tales como John McCain, del estado de Arizona; Richard
Lugar, del estado de Indiana; y otros a quienes se les considera como defectores
potenciales. Discursantes como Dobson pidieron que se le pusiera presión a
aquellos Republicanos que pintaron de "blandos".
A pesar de la postura de Frist de que sólo quiere reafirmar "el gobierno por
mayoría", no hay nada remotamente democrático acerca de la propuesta para
eliminar a los discursos dilatorios. Frist actúa en nombre de un presidente que
fue reelegido con apenas el 51% del voto, cuyo partido controla sólo el 53% de
los diputados y el 55% de los senadores del Congreso nacional, pero quien exige
el 100% de los nombramientos vitalicios a los tribunales federales.
La postura Republicana ni siquiera cuenta con una mayoría verdadera, pues exige
control por un partido que en realidad obtuvo un voto menor que el de sus
contrincantes. Los puestos del senado se distribuyen de manera extremadamente
anti democrática: dos por cada estado no importa la población de éste. Los 36
millones de habitantes del estado de California cuentan con dos puestos en el
Senado, y los 500,000 habitantes del estado de Wyoming también. El resultado es
que los Republicanos controlan el Senado 55-45 a pesar de haber recibido 2
millones de votos menos por sus senadores que los Demócratas (97.5 millones a
99.7 millones en las elecciones combinadas del 2000, el 2002 y el 2004, según
ciertos cálculos).
Pero más ridícula aún es la sugerencia que la campaña Republicana en contra de
los discursos dilatorios ha resuscitado las tácticas que se usaron durante la
década de los 60 para derrotar la oposición de los senadores racistas del Sur
contra las leyes protectoras de los derechos civiles. Esta postura ignora un
hecho muy inconveniente: que las mismas fuerzas sociales—y varios de los mismos
individuos—que chillaban acerca de la amenaza contra "nuestro sistema de vida en
el Sur" (léase "segregación y opresión racial")—ahora participan en una campaña
para derrotar la supuesta amenaza contra "nuestro patrimonio cristiano". El
lenguage ("la tiranía de los tribunales") y el simbolismo religioso son los
mismos. Como comentara Colbert King, columnista del Washington Post, los
militantes del Klu Klux Klan también marcharon bajo la cruz.
Existe una profunda diferencia, sin embargo, entre la resistencia
segregacionista de los 1960 y la reacción fundamentalista actual. Durante la era
de los derechos civiles, la extrema derecha luchaba contra la autoridad del
gobierno federal, la cual intervino para anular todas las leyes oficiales a
favor de la discriminación (conocidas en Estados Unidos como las leyes "Jim Crow").
Los gobiernos de Kennedy y de Johnson respaldaron la desegregación en parte para
dilatar las sublevaciones revolucionarias de las masas trabajadoras negras, y en
parte para servir las necesidades geopolíticas del imperialismo estadounidense.
Pretendían hacerse pasar como defensores del "mundo libre" en contra de la Unión
Soviética, postura que la existencia del racismo tipo apartheid en el Sur del
país revelaba como profunda hipocresía de Estados Unidos.
Hoy día la extrema derecha se ha apoderado de la mayor parte del gobierno
federal, y pretende usar este poder para dictar su política social a la inmensa
mayoría del pueblo de Estados Unidos, quien no comparte los puntos de vista de
los fundamentalistas cristianos. Como observara el escritor de una carta al
redactor del New York Times: "La decisión Roe vs. Wade [dictamen de la Corte
Suprema que legalizó el aborto] no le niega ningún derecho a los conservadores
religiosos . Y he ahí el dilema: los conservadores religiosos creen que tienen
el derecho democrático a negarle a otros el derecho al aborto".
No importa en que resulte este conflicto acerca de un puñado de jueces. El
matrimonio entre la Casa Blanca, los dirigentes Republicanos del Congreso y los
grupos cristianos fundamentalistas representa un peligro creciente a los
derechos democráticos. Esta alianza es una nueva etapa en el desarrollo de un
movimiento fascista incipiente en Estados Unidos que se basa en la histeria
religiosa, el racismo y el anti semitismo. Muestra que en Estados Unidos existe
la posibilidad de que el conflicto político se intensifique hasta tal punto que
sólo pueda haber una salida: la guerra civil.
Un movimiento fascista en Estados Unidos no puede lograr el apoyo popular si
marcha bajo insignias con swastikas o promulgando mitos raciales nórdicos. Será
de un carácter nacional muy peculiar, basándose en el fundamentalismo cristiano,
así como también en el racismo y el innatismo. Pero si las cualidades
superficiales han de ser diferentes a las de los nazis alemanes o las de los
movimientos fascistas de Mussolini en Italia y Franco en España, el significado
histórico del fascismo sigue nigual: es el esfuerzo de la clase gobernante, bajo
condiciones en que los antiguos métodos democráticos de gobierno han dejado de
funcionar, para defender su propiedad y su autoridad por medio de la
movilización de masas en contra de los derechos democráticos y de la resistencia
organizada de la clase obrera.
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El Partido Republicano y la derecha cristiana siembran la semilla de un
movimiento fascista en EEUU
