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(IAR-Noticias)
16-Nov-05
 El presidente de Estados Unidos, George W. Bush, sigue cayendo
en las encuestas, bajo el peso de las tácticas con las que convenció
al público de invadir Iraq y por el trato a los prisioneros de la
"guerra contra el terrorismo".
Por
William Fisher - IPS
El opositor Partido Demócrata montó una enérgica campaña para que el
Comité de Inteligencia del Senado complete su investigación sobre
las supuestas mentiras o exageraciones del gobierno en torno de los
arsenales de destrucción masiva en Iraq.
Hoy se sabe que esas armas no existían, pero antes de la invasión
del 20 de marzo de 2003 fueron el principal argumento del ala
belicista del gobierno de Bush para ir a la guerra.
El Comité del Senado terminó la primera parte de su investigación el
año pasado, y unánimemente declaró que hubo una falla masiva de
inteligencia respecto de las armas.
Pero nunca terminó la segunda parte de su investigación: determinar
si el gobierno usó o abusó de la inteligencia para lanzar la
invasión. Los senadores demócratas lograron que el presidente del
Comité se comprometiera a seguir adelante con la pesquisa.
Las renovadas solicitudes de investigaciones más profundas fueron
reforzadas por un informe del diario The Washington Post.
El periódico aseguró que, poco después de los atentados del 11 de
septiembre de 2001, la Agencia Central de Inteligencia (CIA) erigió
en el extranjero cárceles clandestinas para sospechosos de
pertenecer a la red terrorista Al Qaeda, del saudita Osama bin Laden.
Esas prisiones se ubicaban en al menos ocho países, incluidas
Tailandia, Afganistán y la base naval de Guantaánamo, Cuba.
Según The Washington Post, algunas también se encontraban en Europa
oriental, si bien no reveló cuáles eran los países involucrados a
pedido de "jerarcas estadounidenses".
Pero, según la organización de derechos humanos Human Rights Watch,
una investigación independiente sugiere que las instalaciones
secretas de la CIA en Europa oriental se encuentran en Polonia y en
Rumania.
La revelación nuevamente concentró la atención de los medios y del
público en el tratamiento brindado por Estados Unidos a los
prisioneros capturados en la guerra contra el terror.
El Senado aprobó por 91 votos a nueve una cláusula del presupuesto
de Defensa propuesta por el senador John McCain, un ex prisionero de
guerra torturado en Vietnam y perteneciente al gobernante Partido
Republicano, que prohibiría a las fuerzas de seguridad todo acto de
tortura, así como el tratamiento "cruel, degradante e inhumano" de
los detenidos.
Pero McCain está enfrentado con el vicepresidente Dick Cheney, quien
presionó intensamente al Senado para que la CIA quede exenta de esta
prohibición. La Casa Blanca insinuó que Bush vetaría la medida si
esta excepción no era concedida.
El principal propósito del presupuesto de Defensa es elevar una vez
más el gasto de las operaciones militares en Iraq. Si Bush lo
vetara, sería la primera vez en sus cinco años de gobierno que
apelaría a esa facultad.
"Cada día, el gobierno nos dice con sus propias palabras y obras que
debería estar eximido de las leyes y principios que prohíben
torturar y encarcelar caprichosamente a personas sin revisión
judicial alguna", dijo a IPS Brian J. Foley, profesor de la Escuela
Costera de Derecho, en el sudoriental estado de Florida.
El Senado también aprobó una enmienda al presupuesto de Defensa que
ordena al secretario (ministro) del ramo, Donald Rumsfeld, a
informar al Congreso legislativo sobre los centros carcelarios
secretos administrados por Estados Unidos en el extranjero.
Al mismo tiempo, el Senado, donde el Partido Republicano ostenta la
mayoría, rechazó por 53 votos a 43 la propuesta demócrata de crear
una comisión independiente para investigar las prácticas de
interrogatorio del ejército estadounidense.
Los demócratas procuraban que esa comisión que siguiera los
lineamientos de la que creada luego de los atentados del 11 de
septiembre de 2001, en esta ocasión para investigar cómo Estados
Unidos trató a los detenidos en Iraq, Afganistán y Guantánamo.
Bush obtuvo otra victoria legislativa: el senado aprobó el plan de
la senadora republicana y ex abogada castrense Lindsay Graham para
limitar el acceso de extranjeros sospechosos de terrorismo a los
tribunales estadounidenses.
La medida es un esfuerzo por revertir un fallo de la Suprema Corte
de 2004 que permitió a cientos de detenidos en Guantánamo apelar sus
arrestos, dada la inexistencia de acusación o problemas en su
presentación.
Pero varios expertos en materia constitucional ven una seria amenaza
al sistema judicial en la iniciativa de Graham.
El profesor Ed Herman, de la Universidad de Pennsylvania, dijo a IPS
que la suspensión del hábeas corpus es "un paso real en el camino a
un estado totalitario".
También llamó la atención hacia "la descarada ilegalidad del abuso
de prisioneros y la flagrante violación al régimen de derecho que se
pretende estar llevando a todas partes".
La propuesta de Graham daría al Congreso cierto control sobre el
proceso militar establecido para evaluar si los detenidos de
Guantánamo son terroristas y deberían continuar presos.
Sin embargo, sujetaría las decisiones judiciales a una revisión
limitada por parte de la Corte de Apelaciones para el distrito de
Columbia, donde se encuentra la capital estadounidense.
El gobierno alegó que los supuestos "combatientes enemigos" presos
en el exterior no pueden apelar a tribunales estadounidenses para
cuestionar su confinamiento.
Además, el Poder Ejecutivo cree que todos los asuntos relacionados
con la detención e interrogatorio de supuestos terroristas deberían
ser dejados al presidente Bush.
La Casa Blanca anunció que apoyaría el plan, pero organizaciones de
defensa de las libertades civiles lo consideraron un paso atrás y
lamentaron la falta de un debate significativo.
Estados Unidos estaría "libre para aprehender a personas
indefinidamente, sin audiencia judicial y más allá del alcance de la
ley y el sistema de pesos y contrapesos" entre poderes, expresó el
Centro para los Derechos Constitucionales, organización con sede en
Nueva York cuyos abogados representan a detenidos de la "guerra
contra el terror".
Aproximadamente 260 de los más de 750 prisioneros que están o
estuvieron recluidos en Guantánamo presentaron demandas de hábeas
corpus en tribunales estadounidenses, alegando varias clases de
abusos, detenciones equivocadas e inadecuada atención médica.
Una gran cantidad de detenidos en Guantánamo estuvieron en huelga de
hambre durante varios meses, y muchos fueron alimentados a través de
tubos nasogástricos.
Para encender aún más el debate, observadores aseguran que persisten
la tortura y el trato inhumano. La semana pasada, cinco miembros de
una unidad de elite del ejército estadounidense en Iraq fueron
acusados de patear y golpear a detenidos mientras esperaban ser
trasladados a un centro de detención.
Y el Pentágono todavía no difundió la "segunda ronda" de fotos en
que se muestra maltratos a detenidos en la prisión iraquí de Abu
Ghraib, pese a la orden judicial de hacerlo por una demanda
presentada al amparo de la Ley de Libertad de Información por la
Unión para las Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU).
Al menos 108 personas murieron bajo custodia de las fuerzas de
seguridad estadounidenses en Afganistán e Iraq, la mayoría
violentamente, según la agencia de noticias Associated Press. Un
cuarto de esos fallecimientos fueron investigados como posibles
abusos a manos de funcionarios estadounidenses. Hubo 21 homicidios.
Según una encuesta divulgada por Associated Press, 57 por ciento de
los entrevistados por la firma de opinión pública Ipsos no creen que
el gobierno de Bush tenga principios éticos elevados. La misma
proporción opina que el presidente Bush no es honesto.
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