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(IAR-Noticias)
22-Nov-05
Agencias
La periodista del Washington
Post Dana Priest, autora de un artículo sobre cárceles secretas de la CIA, puede
atravesar una situación similar a la que vivieron hace poco varios periodistas
estadounidenses que se negaron a revelar sus fuentes, entre ellos la reportera
del New York Times, Judith Miller.
 El
diario The Washington Post, que
hace dos semanas reveló la existencia de centros clandestinos de la CIA para la
detención e interrogatorio de sospechosos en al menos ocho países, publicó la presencia de centros de inteligencia antiterroristas financiados por la
Agencia Central de Inteligencia y dotados de personal local.
Las dos operaciones son separadas y
difieren en cuanto a su margen legal: los centros de detención e interrogatorio
son clandestinos.
Su funcionamiento está al margen de las leyes de EEUU y,
probablemente, de las leyes de los países huéspedes.
Los centros de inteligencia
antiterrorista (CTIC, por su sigla en inglés), en cambio, representan una
ampliación sin precedentes de la colaboración de la CIA con los servicios de
espionaje y policía política de los países huéspedes, algunos de los cuales
Washington denuncia como infractores de los derechos humanos.
En su reportaje en el Post del pasado
2 de noviembre, la periodista Priest relataba la existencia de una red de
prisiones clandestinas de la CIA en Europa del Este y otros países, sin
especificar cuáles.
En estas prisiones, según la periodista, se interroga a sospechosos de actos
terroristas fuera de cualquier marco legal.
La historia ha conmocionado a la clase política estadounidense, aunque al
parecer el revuelo tiene más que ver con la fuente de la historia que con la
práctica de la CIA en sí.
La filtración ha sido incluso objeto de debate en el Senado estadounidense.
La CIA, por su parte, ha pedido al Departamento de Justicia que abra una
investigación criminal sobre la filtración.
A esa petición se suma la del portavoz de la Cámara de Representantes, Dennis
Hastert, y la del líder de la mayoría republicana en el Senado, Bill Frist,
quienes han solicitado a los comités de inteligencia de ambos organismos que
investiguen el caso.
Tanto Priest como el director del Washington Post, Leonard Downie, se negaron a
pronunciarse esta semana sobre la posible investigación legal, aunque ambos
coincidieron en señalar que el público tenía el derecho a conocer información
importante sobre la "guerra contra el terrorismo".
El Pentágono reconoció que EE.UU. detuvo a más de 80.000 sospechosos desde
que tuvieron lugar los ataques contra las Torres Gemelas.
La mayoría de las
detenciones se produjeron gracias al accionar de los CTIC. Actualmente hay
13.814 detenidos en Irak y unos 500 en Guantánamo. Pero hay muchos otros que han
"desaparecido" en los centros de detención clandestinos como los de Polonia y
Rumania.
"Mi objetivo es describir cómo el Gobierno está combatiendo la guerra contra el
terrorismo y eso conduce justo a la CIA", dijo Priest esta semana en
declaraciones publicadas en su diario.
Añadió que la gente puede decidir por sí misma si las tácticas de los servicios
secretos son "buenas o malas".
Si los fiscales deciden finalmente intervenir en el caso, Priest tendría que
afrontar el mismo dilema que el periodista de la revista Time Matt Cooper y la
ex reportera de The New York Times Judith Miller: revelar sus fuentes o
enfrentarse a la cárcel.
Tanto Cooper como Miller fueron declarados en desacato al negarse a
divulgar sus fuentes en el 'caso Plame', sobre la filtración a la prensa del
nombre de una agente de la CIA.
 Cooper accedió finalmente a testificar en julio y Miller decidió declarar tras
recibir permiso de su fuente, aunque antes de que eso ocurriera la reportera
pasó 85 días entre rejas.
El creciente acoso legal con que se enfrentan los periodistas
estadounidenses irrumpió de nuevo esta misma semana, cuando otro reportero del
Post fue declarado en desacato por rehusar testificar sobre sus fuentes.
Este hostigamiento legal ha abierto un acalorado debate sobre la necesidad de
aprobar una ley federal que proteja la confidencialidad de las fuentes.
Aunque 31 estados tienen legislaciones que ofrecen salvaguardas a los
periodistas, el Tribunal Supremo del país se negó a principios de los años 70 a
dar luz verde a una regulación que extendiese esos derechos a nivel federal.
Los opositores a ese tipo de protección señalan que los periodistas no deben
estar por encima de la ley y que sólo se les obliga a testificar cuando ya se
han agotado todos los recursos.
Pero dentro de los medios crece el temor a que la reciente fijación de los
fiscales con los reporteros dañe la relación con las fuentes confidenciales,
cuya colaboración puede resultar clave en el periodismo de investigación.
El legendario reportero del Post Bob Woodward, quien destapó el escándalo
Watergate que costó la presidencia a Richard Nixon en 1974, es uno de los más
fervientes defensores del secreto de las fuentes.
Woodward se encuentra también ahora en el centro del huracán, al haberse visto
obligado a testificar en el 'caso Plame' sobre las conversaciones que mantuvo
con un alto funcionario sobre la ex agente secreta Valerie Plame.
Daniel Schorr, analista de la Radio Pública Nacional, lamenta en un artículo
publicado este fin de semana en el diario Christian Science Monitor que la
ofensa sea la filtración y no lo que fue filtrado.
Los CTIC son centros que fueron establecidos a imagen y semejanza de los centros
antinarcóticos que existen en América latina en distintos países que operan en
colaboración con las agencias de inteligencia locales.
"Estos centros son como los que había
durante la guerra sucia en la Argentina", señaló a la prensa Reed Brody, de Human Right Watch. Brody dijo que no se sabe dónde
están ubicados esos centros pero que hay una lista de nombres de varios
detenidos.
Más aún en París hay un centro multinacional al que llaman la Base de la Alianza
que incluye a los servicios secretos de Gran Bretaña, Francia, Alemania, Canadá
y Australia que están exclusivamente dedicados a la lucha contra el terrorismo.
Según The Washington Post, el creador de estos centros fue el ex director de la CIA,
George Tenet.
Luego de los atentados del 11 de setiembre, le presentó un plan a Bush que
incluía la invasión de Afganistán para terminar con el cuartel general de Al
Qaeda como también el llamado "Worldwide attack Matrix" es decir un plan mundial
para operar contra los terroristas en 80 países.
El plan mundial preveía una
contraofensiva antiterrorista en los países a los que según Tenet los miembros
de Al Qaeda huirían después de la invasión a Afganistán.
De acuerdo a la investigación del Washington Post, el 17 de setiembre Bush firmó
un decreto confidencial autorizando operaciones encubiertas y su financiamiento.
También puso a disposición de la CIA
una gran cantidad de dinero para poder "comprar" las colaboraciones de los
servicios secretos extranjeros, señala el Post.
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