(IAR-Noticias)
17-Dic-05
Según
The New York Times, bajo una orden presidencial firmada en 2002, la
Agencia Nacional de Inteligencia (NSA) estadounidense ha
intervenido durante los tres últimos años las llamadas telefónicas
internacionales y los correos de electrónicos de cientos, quizá miles, de
personas en el interior de EEUU.
Dichas intervenciones fueron
realizadas sin las correspondientes garantías judiciales, y con el objetivo era rastrear posibles “números
sucios” relacionados con Al Qaeda, señala el Times citando fuentes de
inteligencia.
Todo esta actividad fue ejecutada sin la
garantía ni la aprobación de los jueces, normalmente requerida para el espionaje
doméstico en suelo estadounidense.
Meses después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, George W. Bush, autorizó en secreto que la Agencia
Nacional de Seguridad, una de las integrantes de la comunidad de inteligencia de
EEUU, espiara a ciudadanos americanos y extranjeros en el interior del
país en busca de "sospechosos de actividades terroristas".
Una de las fuentes que cita The New York Times asegura que se trata de un gran
cambio en el funcionamiento de la NSA. ”Es casi un pilar de este país que la NSA sólo hace espionaje exterior”.
La decisión de realizar actividades de espionaje dentro del país sin autorización judicial es totalmente
inusual en las prácticas de las agencias de inteligencia estadounidenses, en
particular en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en sus siglas en inglés),
cuya misión es espiar las comunicaciones en el extranjero, señalan las
fuentes del Time.
Por ello, algunos
miembros de la agencia a sabiendas de los hechos han cuestionado si esta
vigilancia ha sobrepasado los límites constitucionales.
Según las fuentes citadas por The New York Times (una docena, entre funcionarios en actividad y retirados)
expresaron sus "reservas" sobre el asunto el senador
demócrata por Virginia Occidental, John D. Rockefeller, además vicepresidente
del Comité de Inteligencia del Senado, y el juez que preside en Washington el
Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Exterior, una corte secreta que se
ocupa de asuntos de inteligencia.
Algunas averiguaciones sobre los
nuevos poderes de la agencia obligaron a la administración Bush a suspender estas actividades el año
pasado y a imponer mayores restricciones, aseguran las fuentes al New York
Times.
En algunos casos, el departamento de Justicia ha pedido autorizaciones
especiales para intervenir comunicaciones interiores, se ha informado al
Congreso sobre el programa y se ha consultado al juez del Tribunal de Vigilancia
de la Inteligencia Exterior.
No obstante, aseguran fuentes de la
Administración al Times, existen suficientes garantías para salvaguardar
la privacidad y los derechos civiles de los ciudadanos americanos.
The New York Times, uno de los tres
diarios más influyentes en el establishment norteamericano, señala que retuvo esta información
durante un año a petición de la Casa Blanca, que preveía que podría alertar a
terroristas potenciales que estaban bajo vigilancia y, por tanto, hacer más
difícil la "lucha contra el terrorismo".
La Administración Bush argumenta -según el Times- que la operación fue necesaria para que la
agencia tuviera libertad de movimientos para vigilar comunicaciones y
localizar "amenazas contra EEUU".
Los defensores del programa sostienen que ha
sido una herramienta vital para descubrir y evitar varios intentos de atentados.
En concreto, cita el caso de un conductor de autobuses de Ohio, Ayman Faris, que se
declaró culpable en 2003 de haber ayudado a Al Qaeda en un intento de destruir
el puente de Brooklyn en Nueva York.
Ley "contraterrorista"
El jueves
republicanos y demócratas alcanzaron un convenio, por medio del cual se
extendería la vigencia de la polémica Ley Patriota, sancionada después de los
ataques terroristas de septiembre de 2001.
Luego de meses de exaltados debates, representantes de ambas bancadas en el
Congreso norteamericano consintieron en confirmar 16 estatutos del Acta
Patriótica que expiraban en seis semanas, indicaron fuentes parlamentarias.
En total, 14 de estos capítulos tendrán desde ahora carácter permanente,
mientras que los dos restantes estarán vigentes por otros siete años.
Como lo adelantó IAR-Noticias, la
dos cámaras del Congreso de EEUU ya habían logrado el jueves de la semana
pasada un acuerdo para prorrogar la
controvertida y cuestionada ley "antiterrorista" conocida como "Patriot
Act" ("Ley Patriota") antes de que expiren dos de sus conflictivas cláusulas
a finales de año. Esta legislación represiva
que se aprobó el 26 de octubre de 2001,fue introducida como respuesta a los ataques producidos el 11 de septiembre
de 2001 y otorga superpoderes sin precedentes a los aparatos de seguridad para
investigar y detener indiscriminadamente a "sospechosos" de actos
relacionados con el "terrorismo".
La Cámara de Representantes y el Senado negociaron el pacto de prórroga,
especialmente de los apartados de la "Ley Patriota" que dan carta blanca al
espionaje de EEUU para grabar clandestinamente conversaciones telefónicas de
los ciudadanos sospechosos de "terrorismo".
Otro de los capítulos polémicos que será prorrogado antes de que expire el 31 de
diciembre es el que autoriza órdenes judiciales secretas para escudriñar
libros, documentos y otros artículos en negocios, hospitales y algunos
instituciones, como bibliotecas, dentro de la lucha contra el terrorismo.
Al igual que la criminal Ley McCarthy-Walter,
empleada durante la Guerra Fría, la USA Patriot socavó las libertades públicas y
civiles en EEUU, desató una "cacería de brujas " contra la
comunidad islámica, y convirtió al país en una orgía desatada del espionaje
represivo.
El Gobierno de Bush ha defendido la "Ley Patriota" como el mejor y más eficaz
instrumento con que cuenta EEUU en su "lucha contra el terrorismo".
"La Ley Patriota es fundamental en nuestros esfuerzos para combatir el
terrorismo y proteger a los estadounidenses", señaló el mandatario
estadounidense al iniciarse las negociaciones entre las dos cámaras
legislativas para prorrogar el instrumento legal represivo.
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