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NORTEAMERICA  

 

Miles de personas, teléfonos y correos electrónicos controlados ilegalmente por la Agencia Nacional de Inteligencia.

Tras el 11-S Bush ordenó un espionaje interno sin autorización judicial

 
 

(IAR-Noticias)  17-Dic-05

Según The New York Times,  bajo una orden presidencial firmada en 2002, la Agencia Nacional de Inteligencia (NSA) estadounidense  ha intervenido durante los tres últimos años las llamadas telefónicas internacionales y los correos de electrónicos de cientos, quizá miles, de personas en el interior de EEUU.

Dichas intervenciones fueron realizadas sin las correspondientes garantías judiciales,  y con  el objetivo era rastrear posibles “números sucios” relacionados con Al Qaeda, señala el Times citando fuentes de inteligencia.

Todo esta actividad fue ejecutada sin la garantía ni la aprobación de los jueces, normalmente requerida para el espionaje doméstico en suelo estadounidense.

Meses después de los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington,  George W. Bush, autorizó en secreto que la Agencia Nacional de Seguridad, una de las integrantes de la comunidad de inteligencia de EEUU, espiara a ciudadanos americanos y extranjeros en el interior del país en busca de "sospechosos de actividades terroristas".

Una de las fuentes que cita The New York Times asegura que se trata de un gran cambio en el funcionamiento de la NSA. ”Es casi un pilar de este país que la NSA sólo hace espionaje exterior”.


La decisión de realizar actividades de espionaje dentro del país sin autorización judicial es totalmente inusual en las prácticas de las agencias de inteligencia estadounidenses, en particular en la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, en sus siglas en inglés), cuya misión es espiar las comunicaciones en el extranjero, señalan las fuentes del Time.

Por ello, algunos miembros de la agencia a sabiendas de los hechos han cuestionado si esta vigilancia ha sobrepasado los límites constitucionales.

Según las fuentes citadas por The New York Times (una docena, entre funcionarios en actividad y retirados) expresaron sus "reservas" sobre el asunto el senador demócrata por Virginia Occidental, John D. Rockefeller, además vicepresidente del Comité de Inteligencia del Senado, y el juez que preside en Washington el Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Exterior, una corte secreta que se ocupa de asuntos de inteligencia.

Algunas averiguaciones sobre los nuevos poderes de la agencia obligaron a la administración Bush a suspender estas actividades el año pasado y a imponer mayores restricciones, aseguran las fuentes al New York Times.

En algunos casos, el departamento de Justicia ha pedido autorizaciones especiales para intervenir comunicaciones interiores, se ha informado al Congreso sobre el programa y se ha consultado al juez del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Exterior.

No obstante, aseguran fuentes de la Administración al Times,  existen suficientes garantías para salvaguardar la privacidad y los derechos civiles de los ciudadanos americanos.

The New York Times, uno de los tres diarios más influyentes en el establishment norteamericano, señala que retuvo esta información durante un año a petición de la Casa Blanca, que preveía que podría alertar a terroristas potenciales que estaban bajo vigilancia y, por tanto, hacer más difícil la "lucha contra el terrorismo".

La Administración Bush argumenta -según el Times- que  la operación fue necesaria para que la agencia tuviera libertad de movimientos para vigilar comunicaciones y  localizar "amenazas contra EEUU".

Los defensores del programa sostienen que ha sido una herramienta vital para descubrir y evitar varios intentos de atentados.

En concreto, cita el caso de un conductor de autobuses de Ohio, Ayman Faris, que se declaró culpable en 2003 de haber ayudado a Al Qaeda en un intento de destruir el puente de Brooklyn en Nueva York.

Ley "contraterrorista"

El jueves republicanos y demócratas alcanzaron un convenio, por medio del cual se extendería la vigencia de la polémica Ley Patriota, sancionada después de los ataques terroristas de septiembre de 2001.

Luego de meses de exaltados debates, representantes de ambas bancadas en el Congreso norteamericano consintieron en confirmar 16 estatutos del Acta Patriótica que expiraban en seis semanas, indicaron fuentes parlamentarias.

En total, 14 de estos capítulos tendrán desde ahora carácter permanente, mientras que los dos restantes estarán vigentes por otros siete años.

Como lo adelantó IAR-Noticias, la  dos cámaras del Congreso de EEUU ya habían logrado  el jueves de la semana pasada un acuerdo para prorrogar la controvertida y cuestionada ley "antiterrorista" conocida como "Patriot Act" ("Ley Patriota") antes de que expiren dos de sus conflictivas cláusulas a finales de año.

Esta legislación represiva que se aprobó el 26 de octubre de 2001,fue introducida como respuesta a los ataques producidos el 11 de septiembre de 2001 y otorga superpoderes sin precedentes a los aparatos de seguridad para investigar y detener indiscriminadamente a "sospechosos" de  actos relacionados con el "terrorismo".

La Cámara de Representantes y el Senado negociaron el pacto de prórroga, especialmente de los apartados de la "Ley Patriota" que dan carta blanca al espionaje de EEUU para grabar clandestinamente conversaciones telefónicas de los ciudadanos sospechosos de "terrorismo".

Otro de los capítulos polémicos que será prorrogado antes de que expire el 31 de diciembre es el que autoriza órdenes judiciales secretas para escudriñar libros, documentos y otros artículos en negocios, hospitales y algunos instituciones, como bibliotecas, dentro de la lucha contra el terrorismo.

Al igual que la criminal Ley McCarthy-Walter, empleada durante la Guerra Fría, la USA Patriot socavó las libertades públicas y civiles en EEUU, desató una "cacería de brujas " contra la comunidad islámica, y convirtió al país en una orgía desatada del espionaje represivo.

El Gobierno de Bush ha defendido la "Ley Patriota" como el mejor y más eficaz instrumento con que cuenta EEUU en su "lucha contra el terrorismo".

"La Ley Patriota es fundamental en nuestros esfuerzos para combatir el terrorismo y proteger a los estadounidenses", señaló el mandatario estadounidense al iniciarse las negociaciones entre las dos cámaras legislativas para prorrogar el instrumento legal represivo.

 

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