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(IAR-Noticias)
23-Dic-05
 Uno
de los magistrados encargados de autorizar escuchas domésticas a los servicios
de Inteligencia dimite en protesta por el «puenteo» de esas garantías judiciales
Por Pedro Rodríguez - ABC
En
la jerga periodística de Estados Unidos, cuando una historia sigue y sigue se le
atribuyen metafóricamente «patas». Potencial anatómico en el que el escándalo
del espionaje interior ordenado por la Casa Blanca empieza a exhibir tantas
piernas, y tan llamativas, como las espectaculares bailarinas que todas las
navidades actúan en el Radio City Music Hall de Nueva York.
El «fisgoneo-gate», convertido en la última gran pesadilla política de la
Administración Bush, prosiguió ayer con todo su polémico ímpetu al trascender la
dimisión del magistrado federal James Robertson, uno de los miembros del
tribunal secreto encargados de autorizar escuchas a los servicios de
Inteligencia en el interior del país.
La renuncia de Robertson, según el Washington Post, se produce en protesta por
el «puenteo» de estas garantías judiciales realizado por la Administración Bush
al permitir después del 11-S que la Agencia Nacional de Seguridad interceptase
conversaciones telefónicas y mensajes electrónicos en Estados Unidos para buscar
indicios de Al Qaida.
Una decisión que la Casa Blanca
defiende en virtud de la autoridad constitucional del presidente, como
comandante en jefe, y de las prerrogativas derivadas de la guerra antiterrorista
librada por el EE.UU. desde 2001 con el visto bueno del Congreso.
Sin explicaciones públicas
 El portazo del juez Robertson, elevado a la magistratura federal por el
presidente Clinton y uno de los once miembros de la Foreign Intelligence
Surveillance Court, se materializó este lunes sin explicaciones públicas. Pero
en comentarios a funcionarios judiciales, el magistrado pudo dejar claras sus
dudas sobre la legalidad de las prerrogativas asumidas por la Casa Blanca y su
temor a que el trabajo del tribunal secreto haya quedado comprometido.
Dudas también expresadas el año
pasado por la juez Colleen Kollar-Kotelly, que preside este tribunal secreto
establecido a finales de los años setenta, en parte, para evitar abusos
cometidos por la Administración Nixon.
La dimisión ha coincidido con el
creciente respaldo entre congresistas republicanos a las peticiones de la
oposición demócrata para organizar una pesquisa parlamentaria sobre las tácticas
de espionaje electrónico autorizadas por la Casa Blanca y filtradas el viernes
pasado por The New York Times.
A la hora de establecer la legalidad de estas tácticas antiterroristas, el
Congreso federal se plantea una investigación conjunta de los comités judicial y
de Inteligencia.
Examen de las actuaciones de la Casa
Blanca que tendría lugar justo al comienzo del ciclo electoral que culminará el
próximo mes de noviembre en la anticipada cita con las urnas para renovar un
tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes. Ante estos comicios, los
republicanos temen un retroceso significativo de su actual posición mayoritaria
en la colina del Capitolio.
Pese a la insistencia del presidente Bush en que las comunicaciones intervenidas
tenían su origen en el extranjero, The New York Times informaba ayer de que una
fracción de estos polémicos «pinchazos» fueron realizados en su totalidad dentro
de Estados Unidos.
Esta intrusión puede estar siendo
atribuida a problemas técnicos de la Agencia de Seguridad Nacional para
determinar exactamente, dentro de redes de comunicación plenamente globalizadas,
cuándo una comunicación es internacional o puramente interior.
Frente a este problemático quebradero de cabeza para la Casa Blanca, en un país
que carece de documento nacional de identidad por razones de privacidad, el
vicepresidente Cheney ha defendido la legalidad de estas tácticas y recalcado
que el peligroso mundo en el que vivimos requiere devolver al Gobierno federal
la robusta autoridad y los poderes erosionados a consecuencia de Vietnam y el
Watergate.
El «número dos» de la Administración
Bush argumentaba que «las acciones que hemos tomado son totalmente apropiadas y
consecuentes con la autoridad constitucional del presidente», recalcando que «no
es un accidente que no nos hayan atacado en cuatro años».
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