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(IAR-Noticias)
27-Dic-05
 Mientras los leales al
presidente George W. Bush defienden su programa de espionaje telefónicas y de
correos electrónicos, renunció un juez a cargo de supervisar esas operaciones,
al parecer como medida de protesta.
Por William Fisher - IPS
Al mismo tiempo, un senador republicano prometió audiencias públicas para
analizar el asunto y el líder del opositor Partido Demócrata en la Cámara de
Representantes dijo que había objetado el programa ante funcionarios del Poder
Ejecutivo al conocer su existencia.
Y la senadora demócrata Barbara Boxer afirmó que, según autoridades judiciales,
las acciones del presidente llegaron al grado de faltas factibles de conducir a
un juicio político.
Boxer fue la primera en utilizar el término "juicio político" en la tormenta
desatada por las revelaciones del diario The New York Times a comienzos de esta
semana.
Según el periódico, tras los atentados que dejaron 3.000 muertos el 11 de
septiembre de 2001 en Nueva York y Washington, Bush autorizó a la Agencia
Nacional de Seguridad (NSA) a interceptar, sin autorización judicial, llamadas
telefónicas y correos electrónicos de ciudadanos estadounidenses.
El gobierno alegó entonces que se trataba de contactos con extranjeros
vinculados con la red Al Qaeda y otras organizaciones terroristas. Pero el
miércoles reconoció que algunas comunicaciones internas de Estados Unidos
también podrían haber sido interceptadas por error.
El lunes, en una conferencia de prensa tras las revelaciones de The New York
Times, el presidente defendió la legalidad del programa. El Poder Ejecutivo
debía actuar con rapidez, sin tiempo para acudir a los tribunales con el fin de
solicitar autorización, afirmó.
De todos modos, sostuvo, la presidencia está facultada constitucionalmente para
solicitar órdenes de registro telefónico sin orden judicial, con el fin de
proteger a los ciudadanos.
Bush basó su posición sobre su autoridad en carácter de comandante en jefe de
las fuerzas armadas, su obligación constitucional de proteger a la población y
la resolución del Congreso legislativo tras el 11 de septiembre de 2001, que
autorizó la fase afgana de la "guerra contra el terror".
La posición del presidente fue avalada por el fiscal general y secretario de
Justicia Alberto González --jefe de abogados de la Casa Blanca cuando se
implementó el programa--, el vicepresidente Dick Cheney, el consejero de
Seguridad Nacional Richard Hadley, la secretaria de Estado (canciller)
Condoleezza Rice --que fue consejera de Seguridad Nacional de la época-- y otros
funcionarios del gobierno.
Pero numerosos expertos advirtieron que la cuarta enmienda constitucional
prohíbe las búsquedas y detenciones sin justificación.
También señalaron que la ley que establece el tribunal a cargo de avalar esas
órdenes habría podido actuar rápidamente ante cualquier solicitud del gobierno,
pues permite al presidente actuar primero y solicitar la autorización judicial
después.
Se trata del Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera, establecido
en los años 70 por la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera.
Este tribunal, que funciona en extrema reserva, está integrada por 11 miembros y
sesiona en la sede del Departamento de Justicia. Sus integrantes son jueces
federales.
La Ley Patriótica de 2001 atribuye al Tribunal de Vigilancia de la Inteligencia
Extranjera la autorización de órdenes de vigilancia en investigaciones sobre al
terrorismo. De las más de 5.000 solicitudes que recibió del Departamento de
Justicia, se cree que sólo denegó un puñado.
La controversia en torno de las acciones del presidente precedió a la renuncia
de James Robertson, miembro del Tribunal de Vigilancia. A última hora del lunes,
este juez de distrito notificó su decisión al presidente de la Corte Suprema de
Justicia, John Roberts, sin dar explicaciones.
Pero The Washington Post informó el miércoles que Robertson manifestó en privado
a dos jueces su honda preocupación por la falta de aval judicial del programa
autorizado por el presidente en 2001.
El programa era, por lo tanto, era legalmente cuestionable y podía empañar el
trabajo del Tribunal.
La presidenta del Tribunal de Vigilancia, Colleen Kollar-Kotelly, que había sido
informada sobre el programa de espionaje del gobierno, manifestó la misma
preocupación en 2004 e insistió en que el Departamento de Justicia certificara
por escrito que no se realizaron registros telefónicos y de correo electrónico
sin autorización judicial.
La renuncia de Robertson sobrevino luego que dos senadores republicanos --Chuck
Hagel y Olympia J. Snowe-- exigieran investigaciones por parte del Congreso.
Ambos cuestionaron que el programa fuera realizado al supuesto amparo de la Ley
Patriótica y la escasa información brindada por la Casa Blanca a los
legisladores.
Hagel y Snowe se unieron a los demócratas Dianne Feinstein, Carl M. Levin y Ron
Wyden en el reclamo de una investigación conjunta por parte de los paneles
judicial y de inteligencia del Senado sobre el programa.
El presidente del Comité Judicial del Senado, el republicano Arlen Specter,
prometió audiencias para el año próximo.
Pero no todos los republicanos coincidieron con la necesidad de celebrar
audiencias, al respaldar las aseveraciones de la Casa Blanca en cuanto a que se
trata de un programa crucial en la guerra contra Al Qaeda.
"Personalmente estoy cómodo con todo lo que sé sobre esto", dijo el líder
actuante del Partido Republicano en la Cámara de Representantes, Roy Blunt. El
presidente Bush dijo el lunes en su conferencia de prensa que la Casa Blanca
había informado al Congreso más de una docena de veces.
Pero los informes fueron realizados a unos pocos legisladores que juraron
mantener el secreto y a quienes se les impidió discutir el asunto o buscar
opiniones legales externas.
El demócrata John D. Rockefeller IV, del Selecto Comité de Inteligencia del
Senado, dijo el lunes haber escrito al vicepresidente Cheney el día en que fue
informado por primera vez sobre el programa, en julio de 2003, por sus
preocupaciones en torno de las operaciones.
La líder del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi,
también manifestó su preocupación en una carta a Cheney, pero no la hizo
pública.
Rockefeller dijo que el secreto que rodea a los informes no le dejó otra opción.
"Hice que mis preocupaciones fueran conocidas por el vicepresidente y otros que
fueron informados", afirmó Rockefeller. "La Casa Blanca nunca consideró mis
preocupaciones."
El presidente del Comité de Inteligencia del Senado, el republicano Pat Roberts,
criticó a Rockefeller por hacer pública su carta.
El senador republicano John McCain sugirió que, si Rockefeller estaba tan
preocupado, debió haber hecho más. "Si yo pienso que alguien está infringiendo
la ley, no me importa si la misma es clasificada o no; me paro y digo 'la ley
está siendo infringida aquí'", puntualizó.
En la campaña presidencial de 2000, Bush aseguró que no se realizaría ninguna
vigilancia de ciudadanos estadounidenses a menos que se obtuviera órdenes
judiciales a tales efectos.
Pocos días antes de las revelaciones respecto de la NSA, la Unión de Libertades
Civiles Estadounidenses (ACLU) advirtió que investigadores antiterroristas del
Buró Federal de Investigaciones (FBI, policía federal) controlaban a
organizaciones estadounidenses de prédica antibélica, ambientalista y en favor
de los derechos civiles, entre otras.
"Nuestro gobierno espía a los estadounidenses, sin pedir disculpas,
innecesariamente y sin consideración por la Constitución", señaló la entidad.
También urgió a sus miembros a "responsabilizar al gobierno de Bush por
autorizar secretamente las escuchas clandestinas de estadounidenses y otros en
Estados Unidos ".
Los documentos de la ACLU, dados a conocer como parte de un juicio contra el
trato brindado por el FBI a las organizaciones que planificaron manifestaciones
en las convenciones políticas del año pasado, muestran que la agencia policial
abrió una investigación preliminar sobre terrorismo a la organización Persona
por el Trato Ético a los Animales (PETA).
El FBI también fue acusado de llevar a cabo investigaciones "antiterroristas"
contra organizaciones pacifistas y ambientalistas, entre otras.
En un correo electrónico enviado a IPS, el ex legislador republicano Bob Barr
recordó que, en una audiencia ante el Congreso en 2000, el general Michael
Hayden, entonces director de la NSA y ahora subdirector nacional de
Inteligencia, dijo respecto de las intervenciones telefónicas: "Si ese
estadounidense está en Estados Unidos, debo tener una orden judicial antes de
iniciar cualquier recopilación (de información) sobre él o ella".
"Si al presidente no le gusta la ley, la solución debería ser enmendarla, no
violarla", agregó Barr.
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