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"acuerdo" sellado ayer entre Kirchner y el FMI, presentado como un "éxito"
por el gobierno y la prensa adicta, significa el cumplimiento de un férreo
cronograma que implica nuevos endeudamientos, nuevos pagos de
vencimientos al FMI y a los organismos multilaterales, comienzo del pago
a los acreedores privados, ajustes con reducción de gastos en
los presupuestos provinciales, y aumento en las tarifas de los servicios
públicos.
Los sueldos, como siempre, seguirán congelados y en
devaluación constante por los aumentos de precios, y todo lo que ingrese en
concepto de recaudación no podrá ser destinado a la reactivación económica ni al
gasto social, y menos al aumento de sueldos.
Ese dinero no podrá ser usado en otra cosa que no sea
cancelación de deuda, según el compromiso asumido por Kirchner con la
administración Bush y el Tesoro estadounidense, quienes se asombran de los resultados conseguidos con este
gobierno de turno.
El dinero que ingrese a tesorería por el "crecimiento
económico" será destinado prioritariamente a cancelar vencimientos
escalonados con el FMI y los otros organismos, y a partir de la
renegociación de la deuda con los acreedores, estimada para julio de este año,
el país deberá reanudar los pagos de esa "otra deuda" que permanece
congelada con el default decretado hace dos años por el gobierno interino de
Rodríguez Saa.
La
participación de Washington y del Tesoro de EEUU estuvo orientada a garantizar a
los bancos y a los particulares tenedores de deuda privada, que Argentina
reanudará, una vez renegociada la deuda con los privados, los pagos de intereses
y capital en tiempo y forma acordados.
El Tesoro
estadounidense, quien dio la orden para que la titular del FMI, Anne Krueger,
cerrara el acuerdo, pone especial énfasis en los US$
2.800 millones en bonos
del Estado argentino que el gobierno deberá entregar a los bancos como
compensación del dinero que estos devolvieron a los ahorristas después del
robo con el llamado "corralito".
En el marco del "convenio" vigente con el FMI se impone que
todo el canje de la deuda privada debe estar concluido para julio: faltan
apenas cuatro meses. En poco más de un mes (abril) los bancos contratados por el
Gobierno deben tener lista la propuesta de canje.
Y para cuando comience el segundo semestre, debe haberse
convencido a los bonistas de aceptarla en los términos de la quita del 75%
propuesto por Kirchner, que en la práctica, y una vez concluida otra ronda de
presiones por parte del FMI, será del 30 % como quieren Washington y los bancos
participantes.
Pero el
punto crucial llegará en el mes de septiembre cuando
se debatan las "nuevas
metas de ahorro fiscal" para el futuro. Esto significa lisa y llanamente que
el FMI le exigirá a Kirchner un nuevo ajuste de gastos del Estado, esto es, que
eleve el súperavit del 3% del PBI al 4,25 como se exigió en el acuerdo sellado
con el Brasil.
También para fines del primer semestre -según la carta
elevada al FMI con la revisión de metas de enero-, se comprometió el cierre de
la renegociación de los contratos y el aumento de tarifas en los servicios
públicos de la mayor parte de las privatizadas: electricidad, gas, peajes,
ferrocarriles de carga, puertos y aeropuertos.
De acá a mediados de año, lo principal será la discusión de la
deuda -dice Ricardo Fuente, economista de Ecolatina-pero luego empezará
el debate por las metas". Es que entre junio y setiembre vendrá una pelea de
fondo: la definición del superávit fiscal para 2005 y 2006. El FMI
pediría un 4% de base, y Argentina intentará no moverse del 3% comprometido para
este año. Pero conociendo el estilo de Kirchner, se supone que hará todo
lo que indique el Imperio de Washington después de "amenazar" y armar su show
mediático de costumbre.
En lo que hace a pagos puntuales a los organismos
multilaterales, en abril vencen US$ 308 millones, en mayo, 285, y en
setiembre, 615. Esto significa que en tres meses la Argentina deberá pagar
alrededor de US$ 1.100 millones a los organismos de créditos.
También
en marzo deberá haber sellado con las provincias un acuerdo formal para
ajustar los gastos, que deberá entrar en el Congreso como proyecto de ley
en mayo, y que en la práctica significa recortar partidas destinadas al
gasto social y al aumento de sueldos a los empleados públicos, en zonas donde el 80% vive
del empleo público.
A esto, el
gobierno de Kirchner y los grandes centros financieros que se benefician con el
nuevo robo llaman "negociación exitosa", y con justa razón, es exitosa
para ellos que podrán seguir extrayendo recursos y realizando transferencias
de ganancias al exterior como en sus mejores tiempos.
Los sueldos
seguirán "africanizados", no habrá propuestas ni "metas acordadas" con el FMI para solucionar los índices de pobreza y desocupación que aquejan a más de la
mitad de la población argentina.
El universo
de las "negociaciones" de Kirchner con el FMI siempre se orientan en
una sola dirección: el gran saqueo de la Argentina.