Los tres grandes consorcios armamentistas (Lockheed Martin, Boeing, y Northrop Grumman) monopolizan numerosas fuentes de contratación federal, desde seguridad aeroportuaria hasta vigilancia doméstica, en nombre de lo que hoy la Casa Blanca nombra GWOT (Global War on Terrorism), guerra global contra el terrorismo. (Ver: Las armamentistas y el negocio de la guerra ).

Las tres grandes corporaciones obtuvieron jugosos contratos y ganancias del proyecto espacial de Bush para colonizar la Luna y enviar una misión tripulada a Marte, que son la punta de lanza de una nueva carrera armamentista en el espacio.

En el año fiscal 2002, los tres más grandes fabricantes de armas recibieron un total mayor a los 42.000 millones de dólares en contratos del Pentágono, de los que Lockheed Martin obtuvo 17.000 millones, Boeing 16.000 millones y Northrop Grumman 8.000 millones.

Según el diario The New York Times, la investigación en relación a Boeing gira en torno a ocho transacciones por tres mil millones de dólares, en las cuales tomó parte Darleen A. Druyun, una ex funcionaria de la USAF que guarda prisión por favorecer los contratos con la Boeing.

Darleen Druyun supervisó y dirigió el programa de adquisiciones de armas de la Fuerza Aérea y luego atravesó la puerta giratoria para convertirse en subgerente general del departamento de sistemas de misiles de Boeing.

La ex funcionaria admitió que estando a cargo de las adquisiciones de la fuerza aérea, dio luz verde a negocios con esa compañía, a cambio de un provechoso puesto de trabajo en el gigante de la aviación cuando pasara a retiro en la institución armada.

A los ocho contratos bajo la lupa actual de los investigadores, se agregan otros siete que estudian el inspector general del Pentágono, la Oficina General de Contabilidad (del Congreso) y otras agencias federales, la mayoría relacionados con el caso Druyun.

Las irregularidades fueron detectadas por la Agencia de Administración de Contratos de la Defensa, brazo fiscalizador del Pentágono.

Pero los nuevos contratos sospechados no involucran solamente a la corporación Boeing.

Dos de ellos fueron realizados con la empresa Lockeed Martin: uno por 561 millones de dólares para modernizar las naves de transporte C-5, y el otro por 42 millones de dólares para el programa de los F-16.

Con Lockeed Martin fueron firmadas transacciones por 400 millones de dólares para un sistema de sensores de un satélite polar, 244 millones de dólares en el arrendamiento de aeronaves C-40, y más de mil millones de dólares en los mantenimientos a la aviación de reabastecimiento en el aire.

Otro contrato fue suscripto por 62 millones de dólares del programa del C-22, considerada la nave de transporte de última generación a emplear por la USAF.

A raíz del caso Druyun, Project on Government Oversight (POGO, Proyecto de Supervisión Gubernamental), un grupo con sede en Washington que vigila el gasto militar, solicitó al Congreso de Estados Unidos que redacte y ponga en vigencia leyes mediante las cuales se prohíba que quienes ocupan altos cargos y elaboran normas y procedimientos puedan ser contratados por empresas proveedoras del Estado que se beneficien de las políticas formuladas por esos funcionarios.

Según el grupo investigador independiente, los informes sobre estos casos están concitando el interés del Congreso estadounidense. El senador del Partido Republicano en el poder,  John McCain,  presidirá las audiencias, a mediados de julio, en las cuales se efectuará  la primera revisión de la práctica de la puerta giratoria en casi una década.

El informe de POGO alertó sobre la presencia de legisladores de ambas cámaras en esa prácticas. Al menos dos tercios de ex congresistas que hacen o hicieron "lobby" para alguno de los 20 mayores proveedores del Estado, y han integrado comisiones que aprobaron asignación presupuestaria, programas o fondos para las empresas por las cuales luego fueron contratados.

”Es hora de que el Congreso ponga el pie en la puerta giratoria para detener los conflictos de interés”, señaló  Scott Amey, asesora general de POGO.

Desde el pasado año el Pentágono se ha visto inmerso en varios escándalos por la utilización de influencias en la concesión de contratos, sobre todo con las grandes corporaciones de armas y de servicios.

Uno de los más resonantes escándalos fue protagonizado por la empresa petrolera Halliburton, beneficiada con millonarios negocios por la administración ocupante de Irak.

La corporación que tuvo al vicepresidente Richard Cheney como su máximo ejecutivo, infló los precios del combustible que le vendió a las fuerzas del Pentágono en el país árabe, irregularidad que fue descubierta a partir de una auditoría del Departamento de Defensa.