La ley aprobada reniega así de principios jurídicos tradicionales –todo
“sospechoso” es inocente hasta que se demuestre lo contrario– para establecer
exactamente lo contrario, como la Inquisición medieval o la Patriot Act de
Bush, que autoriza la detención –sin proceso e indefinida– de los “sospechosos”.
Esto se complementa, naturalmente, con la “ausencia de una definición precisa
de terrorismo” (Clarín, 31/3), para elevar la arbitrariedad (y las
provocaciones) de los servicios de inteligencia al rango de ley.
El macrista Federico Pinedo declaró que “estamos poniendo limitaciones a la
soberanía estatal y haciendo primar el derecho internacional” (La Nación,
8/3), lo que no le impidió votar por su aprobación.
Pero el llamado “derecho internacional” no es la expresión jurídica de
una convivencia entre naciones sino de la dominación imperialista.
Washington –y los numerosos servicios de inteligencia que operan en ella– son
los que establecen quién es un “terrorista” y quién no, según sus propios y
particulares intereses.
Es significativo que nuestros legisladores aprobaran las leyes pocos días
después de que la CIA advirtiera que “América Latina representa hoy un
potencial foco de inestabilidad que puede amenazar la seguridad nacional de los
Estados Unidos” (La Nación, 18/3) y en medio de una brutal campaña
mediática y política contra Hugo Chávez, a quien se
acusa de “ayudar a los terroristas”.
Precisamente, el oficialista (diputado) Miguel
Bonasso se opuso a la ley con el argumento de que "dejaremos
la puerta abierta para que Washington denomine como terrorista a cualquier país
hermano y lo agreda militarmente" (La Nación,
31/3).
La ley contra el "financiamiento del terrorismo"
pena, por ejemplo, cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos
colombianos o palestinos. No sólo a los que las organicen sino, incluso, a los
que colaboren materialmente con ellas.
La aprobación de las leyes no se limita a establecer un reforzamiento del ya
frondoso aparato represivo y de espionaje interno y una acrecentada
injerencia imperialista en la represión.
Es que, dado que se trata de convenios internacionales, estas leyes tendrán
rango constitucional.
La Constitución reformada en 1994 por el pacto de Olivos de los
(ex presidentes) Menem y Alfonsín eleva al rango constitucional los
convenios internacionales ratificados por Argentina.
Las leyes de Bush y Rumsfeld, por lo tanto, tienen preeminencia sobre
cualquier otra ley que se oponga a ella. Los “nacionales y populares” y sus
opositores "democráticos"
han realizado, en el mayor de los sigilos, una completa reforma para darle rango
constitucional a la Patriot Act de Bush.
Puntualización de IAR-Noticias:
Cuando
fue aprobada la Ley USA Patriot los ciudadanos norteamericanos y
residentes en el país vieron vulnerados y pisoteados sus
más elementales derechos humanos y libertades civiles.
Las
metodologías represivas utilizadas por las autoridades
y los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría, en plena euforia del
"anticomunismo" paranoico, volvieron a ser implementadas por
la administración Bush tras el ataque terrorista del 11-S
en EEUU.
Al igual que la criminal Ley McCarthy-Walter,
empleada durante la Guerra Fría, la USA Patriot socava las libertades públicas y
civiles y convierte al país en una orgía desatada del
espionaje represivo.
Desde la arbitraria detención de los
ciudadanos sin una acusación formal, la persecución de inmigrantes, procesos
judiciales sin garantías y en secreto, sin excluir la detención indefinida
sin juicio, hasta la más feroz "cacería
de brujas", volvieron a predominar en
el panorama político norteamericano.
La Ley Patriot Two
otorga al gobierno la potestad de imponer "orden mordaza" a las personas
e instituciones que son obligadas a dar registros e información.
Creada
a partir del "atentado terrorista"
a las Torres Gemelas, avasalla y quebranta
el derecho de amparo otorgado por la Constitución, la
cual impedía las persecuciones arbitrarias así los
registros y arrestos ilegales.
La
Patirot USA de Bush permite que,
sin autorización expresa, todas las dependencias
represivas (policiales o de inteligencia)
tengan acceso a correos electrónicos, conversaciones por teléfono y
hasta videos de las actividades cotidianas de cualquier ciudadano.
Todo este
espionaje lanzado sobre cualquier ciudadano, puede ser presentado como
prueba y testimonio ante un gran jurado.
La suspensión de los
derechos civiles, tanto como la manipulación masiva de la psicosis
"antiterrorista" a través de
los medios de comunicación, fueron utilizados por la
administración Bush como argumento principal para
justificar las invasiones y ocupaciones
militares en Afganistán e Irak.
En el
presente se la sigue utilizando para justificar las persecuciones represivas
contra los opositores internos, y constituye la piedra basamental de las
"guerras contraterroristas" (doctrina de la Guerra Preventiva) lanzadas por
el Imperio norteamericano para apoderarse de recursos estratégicos en todo el
Planeta.
La
imposición de la "Ley Patriot" a los gobiernos latinoamericanos
constituye el "marco legal" de la "Guerra Contraterrorista" que la CIA, el
Pentágono y el Departamento de Estado ya están aplicando en Latinoamérica.