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Thursday, 14 de April de 2005

"Guerra Contraterrorista"

La "Ley Patriot" de Bush es ley en la Argentina

Cada día que pasa surgen evidencias comprobatorias de que los gobiernos títeres de América Latina -"progresistas" o "neoliberales"- cumplen a rajatabla con las imposiciones del Pentágono o del Departamento de Estado en materia de "guerra contraterrorista". El canciller del gobierno de Kirchner -el más represivo y farsesco de la región- acaba de entregarle a la secretaria de Estado, Condoleezza Rice, un equivalente de la "Ley Patriot" de Bush aprobada por el Parlamento, y según la cual se puede detener por tiempo indefinido y sin proceso a quien sea sospechado de "terrorismo". De esta manera, Bush y los halcones tendrán su propio Guantánamo en la Argentina, así como en el resto del Continente. La imposición de la "Ley Patriot" a los gobiernos latinoamericanos constituye el "marco legal" de la "guerra contraterrorista" que la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado ya están aplicando en la región. En este informe: qué es la Patriot Act y cómo se la aplica en la Argentina.

(IAR-Noticias)  14-Abr-05 

Por Luis Oviedo - Prensa Obrera, Argentina                    

Pocas horas antes de que (el canciller) Bielsa se reuniera con la canciller norteamericana (Condoleezza) Rice, Diputados aprobó las leyes “antiterroristas” reclamadas por los Estados Unidos. Así, Bielsa pudo presentarse en Washington, según la servil expresión del diario Clarín (31/3), “con la tarea cumplida”.



Las leyes aprobadas convierten en legislación interna dos convenios internacionales: la Convención de Represión al financiamiento al terrorismo, de la ONU, y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, de la OEA.

Según esta última, los países firmantes están obligados a negar refugio o asilo político a todo “sospechoso de terrorismo”.

La ley aprobada reniega así de principios jurídicos tradicionales –todo “sospechoso” es inocente hasta que se demuestre lo contrario– para establecer exactamente lo contrario, como la Inquisición medieval o la Patriot Act de Bush, que autoriza la detención –sin proceso e indefinida– de los “sospechosos”.

Esto se complementa, naturalmente, con la “ausencia de una definición precisa de terrorismo” (Clarín, 31/3), para elevar la arbitrariedad (y las provocaciones) de los servicios de inteligencia al rango de ley.

El macrista Federico Pinedo declaró que “estamos poniendo limitaciones a la soberanía estatal y haciendo primar el derecho internacional” (La Nación, 8/3), lo que no le impidió votar por su aprobación.

Pero el llamado “derecho internacional” no es la expresión jurídica de una convivencia entre naciones sino de la dominación imperialista.

Washington –y los numerosos servicios de inteligencia que operan en ella– son los que establecen quién es un “terrorista” y quién no, según sus propios y particulares intereses.

Es significativo que nuestros legisladores aprobaran las leyes pocos días después de que la CIA advirtiera que “América Latina representa hoy un potencial foco de inestabilidad que puede amenazar la seguridad nacional de los Estados Unidos” (La Nación, 18/3) y en medio de una brutal campaña mediática y política contra Hugo Chávez, a quien se acusa de “ayudar a los terroristas”.

Precisamente, el oficialista (diputado) Miguel Bonasso se opuso a la ley con el argumento de que "dejaremos la puerta abierta para que Washington denomine como terrorista a cualquier país hermano y lo agreda militarmente" (La Nación, 31/3).

La ley contra el "financiamiento del terrorismo" pena, por ejemplo, cualquier campaña de solidaridad con los presos políticos colombianos o palestinos. No sólo a los que las organicen sino, incluso, a los que colaboren materialmente con ellas.

La aprobación de las leyes no se limita a establecer un reforzamiento del ya frondoso aparato represivo y de espionaje interno y una acrecentada injerencia imperialista en la represión.

Es que, dado que se trata de convenios internacionales, estas leyes tendrán rango constitucional.

La Constitución reformada en 1994 por el pacto de Olivos de los (ex presidentes) Menem y Alfonsín eleva al rango constitucional los convenios internacionales ratificados por Argentina.

Las leyes de Bush y Rumsfeld, por lo tanto, tienen preeminencia sobre cualquier otra ley que se oponga a ella. Los “nacionales y populares” y sus opositores  "democráticos" han realizado, en el mayor de los sigilos, una completa reforma para darle rango constitucional a la Patriot Act de Bush.


Puntualización de IAR-Noticias:

Cuando fue aprobada la Ley USA Patriot los ciudadanos norteamericanos y residentes en el país vieron vulnerados y pisoteados sus más elementales derechos humanos y libertades civiles.

Las metodologías represivas utilizadas por las autoridades y los servicios de inteligencia durante la Guerra Fría, en plena euforia del "anticomunismo" paranoico, volvieron a ser implementadas por la administración Bush tras el ataque terrorista del 11-S en EEUU.

Al igual que la criminal Ley McCarthy-Walter, empleada durante la Guerra Fría, la USA Patriot socava las libertades públicas y civiles y convierte al país en una orgía desatada del espionaje represivo.

Desde la arbitraria detención de los ciudadanos sin una acusación formal, la persecución de inmigrantes, procesos judiciales sin garantías y en secreto, sin excluir la detención indefinida sin juicio, hasta la más feroz "cacería de brujas", volvieron a predominar en  el panorama político norteamericano.

La Ley Patriot Two otorga al gobierno la potestad de imponer "orden mordaza" a las personas e instituciones que son obligadas a dar registros e información.

Creada a partir del "atentado terrorista" a las Torres Gemelas, avasalla y quebranta el derecho de amparo otorgado por la Constitución, la cual impedía las persecuciones arbitrarias así los registros y arrestos ilegales.

La Patirot USA de Bush permite que, sin autorización expresa, todas las dependencias represivas (policiales o de inteligencia) tengan acceso a correos electrónicos, conversaciones por teléfono y hasta videos de las actividades cotidianas de cualquier ciudadano.

Todo este espionaje lanzado sobre cualquier ciudadano, puede ser presentado como prueba y testimonio ante un gran jurado.

La suspensión de los derechos civiles, tanto como la manipulación masiva de la  psicosis "antiterrorista" a través de los medios de comunicación, fueron utilizados por la administración  Bush como argumento principal para justificar  las invasiones y ocupaciones militares en Afganistán e Irak.

En el presente se la sigue utilizando para justificar las persecuciones represivas contra los opositores internos, y constituye la piedra basamental de las "guerras contraterroristas" (doctrina de la Guerra Preventiva) lanzadas por el Imperio norteamericano para apoderarse de recursos estratégicos en todo el Planeta.

La imposición de la "Ley Patriot" a los gobiernos latinoamericanos constituye el "marco legal" de la "Guerra Contraterrorista" que la CIA, el Pentágono y el Departamento de Estado ya están aplicando en Latinoamérica.

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